Reclaman reforma policial en Colombia ante violencia

Congresistas, líderes sociales, estudiantiles, indígenas y campesinos reclamaron ayer una reforma urgente de la Policía de Colombia, ante el panorama de violencia contra manifestantes con saldo de más de 50 muertos y numerosos heridos.

En este contexto de represión desde el pasado 28 de abril cuando comenzó el paro nacional a la fecha, las denuncias por el uso excesivo de la fuerza pública son constantes, aseguraron los demandantes.

Antes de este estallido social, en 2020, congresistas de la oposición radicaron un proyecto de ley que pretende reformar profunda y efectivamente a la Policía Nacional y, además, otorgarle un verdadero carácter civil y que no siga perteneciendo al Ministerio de Defensa.

Según los senadores, persiste la militarización de este cuerpo de seguridad y situaciones cotidianas como los conflictos entre vecinos, el uso del espacio público por jóvenes y actos de protestas, son tratadas desde una órbita militar.

Además, reiteraron que los policías son guiados por la doctrina del enemigo interno y usan su fuerza de forma desproporcionada en las más disímiles situaciones, aunque no lo requieren.

Lanzamiento de gases lacrimógenos y chorros de agua, disparos con balas de goma directo a la cara, incluso con armas de fuego, detenciones arbitrarias, desapariciones; así como abusos sexuales, homicidios, lesiones físicas y oculares, forman parte de la larga lista de acciones policiales contra las movilizaciones pacíficas, recordaron.

La iniciativa legislativa presentada el pasado año consta de 29 artículos y tiene como propuestas centrales el fortalecimiento del carácter civil, la prohibición de prácticas y procedimientos arbitrarios e irregulares.

Asimismo, contempla la política de reclutamiento y formación, la creación de mecanismos externos de control, depuración de funcionarios y el sistema nacional de participación ciudadana.

En Colombia, el presidente de la República es el comandante supremo de la institución y ejerce su autoridad mediante el ministro de Defensa y el director general de la Policía Nacional, y desde 1953 está adscrita al Ministerio de Defensa.