Gobernadora de Puerto Rico enfrenta dos querellas legales
La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, enfrenta dos querellas, ética y judicial, presentadas por dos diputados del opositor Partido Popular Democrático (PPD), a raíz de un alegado despido por razones políticas. Los legisladores Rafael Hernández Montañez y José Varela se...
La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, enfrenta dos querellas, ética y judicial, presentadas por dos diputados del opositor Partido Popular Democrático (PPD), a raíz de un alegado despido por razones políticas.
Los legisladores Rafael Hernández Montañez y José Varela se querellaron contra la mandataria en el Departamento de Justicia, de donde procede, la Oficina de Ética Gubernamental y a las autoridades federales, por el despido de la secretaria de la Familia Glorimar Andújar Matos.
La destituida funcionaria afirmó que su cesantía respondió a una determinación político partidista, luego de que una subalterna suya retuviera la repartición de suministros para los afectados por los terremotos en el suroeste del país.
La intención era que la entrega la hicieran los senadores oficialistas Evelyn Vázquez y Nelson Cruz Santiago, como una forma de proyectar su imagen de cara a las próximas internas del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).
Después que la extitular de la Familia denunciara el mal manejo de recursos federales para beneficio político-partidista y que colocaron en peligro las ayudas a los damnificados, manifestó Hernández Montañez, sometimos una querella, además de hacer referidos a las autoridades estatales y federales sobre posibles violaciones de ley por la gobernadora.
El portavoz del PPD en la Cámara de Representantes agregó que el abrupto despido de Andújar Matos destapó un aparente esquema para beneficiar políticamente a varios funcionarios electos que han endosado a Vázquez Garced para su reelección a la gobernación en las próximas elecciones.
La funcionaria despedida por la gobernadora en medio de la crisis por el hallazgo de almacenes repletos de suministros, expresó que había separado sumariamente de funciones a Surima Quiñones, tras una querella de que estaba reteniendo la repartición de los suministros para que fueran entregados por funcionarios electos.
La suspensión de Quiñones dio paso a que el secretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón, mediante correo electrónico, le exigiera a Andújar Matos retractarse de esta decisión.
Andújar Matos confirmó que, al no acatar la orden, Pabón le indicó que la gobernadora le había quitado su confianza.
Entre tanto, el diputado Varela dijo que este señalamiento debe ser evaluado ante una posible violación por parte de la mandataria Vázquez Garced a dos artículos del Código Penal de Puerto Rico, y a varios incisos del artículo 4.2 del Código de Ética Gubernamental.
Resaltó, del mismo modo, posibles violaciones al 18 U.S Code 598 de Justicia federal que plantea que cualquier funcionario que use, se apropie o sea obstáculo para una distribución correcta de fondos federales de reconstrucción podría enfrentar multas y hasta cumplir cárcel.
Los legisladores Rafael Hernández Montañez y José Varela se querellaron contra la mandataria en el Departamento de Justicia, de donde procede, la Oficina de Ética Gubernamental y a las autoridades federales, por el despido de la secretaria de la Familia Glorimar Andújar Matos.
La destituida funcionaria afirmó que su cesantía respondió a una determinación político partidista, luego de que una subalterna suya retuviera la repartición de suministros para los afectados por los terremotos en el suroeste del país.
La intención era que la entrega la hicieran los senadores oficialistas Evelyn Vázquez y Nelson Cruz Santiago, como una forma de proyectar su imagen de cara a las próximas internas del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).
Después que la extitular de la Familia denunciara el mal manejo de recursos federales para beneficio político-partidista y que colocaron en peligro las ayudas a los damnificados, manifestó Hernández Montañez, sometimos una querella, además de hacer referidos a las autoridades estatales y federales sobre posibles violaciones de ley por la gobernadora.
El portavoz del PPD en la Cámara de Representantes agregó que el abrupto despido de Andújar Matos destapó un aparente esquema para beneficiar políticamente a varios funcionarios electos que han endosado a Vázquez Garced para su reelección a la gobernación en las próximas elecciones.
La funcionaria despedida por la gobernadora en medio de la crisis por el hallazgo de almacenes repletos de suministros, expresó que había separado sumariamente de funciones a Surima Quiñones, tras una querella de que estaba reteniendo la repartición de los suministros para que fueran entregados por funcionarios electos.
La suspensión de Quiñones dio paso a que el secretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón, mediante correo electrónico, le exigiera a Andújar Matos retractarse de esta decisión.
Andújar Matos confirmó que, al no acatar la orden, Pabón le indicó que la gobernadora le había quitado su confianza.
Entre tanto, el diputado Varela dijo que este señalamiento debe ser evaluado ante una posible violación por parte de la mandataria Vázquez Garced a dos artículos del Código Penal de Puerto Rico, y a varios incisos del artículo 4.2 del Código de Ética Gubernamental.
Resaltó, del mismo modo, posibles violaciones al 18 U.S Code 598 de Justicia federal que plantea que cualquier funcionario que use, se apropie o sea obstáculo para una distribución correcta de fondos federales de reconstrucción podría enfrentar multas y hasta cumplir cárcel.
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