El fujimorismo tuvo una semana de reveses en Perú
Una semana de reveses vivieron la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, y su padre, el octogenario ex gobernante Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Keiko vivió sus derrotas en las audiencias sobre un pedido de la Fiscalía...
Una semana de reveses vivieron la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, y su padre, el octogenario ex gobernante Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Keiko vivió sus derrotas en las audiencias sobre un pedido de la Fiscalía Anticorrupción, de una nueva prisión preventiva como la de tres años, que fue interrumpida en diciembre último por un polémico fallo del Tribunal Constitucional.
Un fallo judicial, por otra parte, ratificó que Fujimori padre tendrá que volver al banquillo de los acusados a la fase final de un juicio en el que se le imputa ser autor intelectual de la matanza de cinco campesinos ejecutada por un destacamento militar ilegal, autor de las dos matanzas por las que fue condenado el exmandatario.
El juez Víctor Zúñiga rechazó un pedido de la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, para que en las audiencias sobre la nueva prisión preventiva no se considere un testimonio clave del exlegislador fujimorista Rolando Reátegui.
El declarante confesó al fiscal José Pérez que Keiko Fujimori manejaba todas las operaciones de enmascaramiento de fondos electorales millonarios secretamente aportados por la empresa brasileña Odebrecht y otros de oscuro origen.
También dio detalles sobre el uso de falsos aportantes de sumas menores que, sumadas, justificaban y disfrazaban los aportes recibidos por debajo de la mesa.
El juez tampoco aceptó el pedido de la abogada Loza, de excluir de la investigación a su cliente las declaraciones tomadas por Pérez a otros congresistas de Fuerza Popular (FP), que encabeza Keiko.
En las audiencias de esta semana, además, Pérez acusó a la investigada de usar ofrecimientos y amenazas para que los testigos que la incriminan se desdigan de sus declaraciones, lo que justifica que sea encarcelada en forma preventiva.
El fiscal Pérez presentó como prueba una reunión a escondidas, en la escalera de un edificio, entre uno de los abogados de Keiko y un ex abogado de la dirigente convertido en colaborador de la fiscalía, en la que, aparentemente, el primero intenta convencer a su interlocutor de que desista de incriminarla.
Los problemas de Fujimori padre, condenado en 2009 a 25 años de cárcel, aumentaron por el rechazo judicial a un pedido de su defensor, César Nakazaki, de extinción del juicio por la masacre de cinco campesinos inocentes a manos del Grupo Colina, dedicado a ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de terrorismo.
El proceso, antes de su ingreso a la fase final, fue cortado por el derecho de gracia otorgado en diciembre de 2017, junto al indulto a Fujimori, por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar tres meses después por secuelas de la medida.
El Poder Judicial anuló posteriormente el indulto y Fujimori tuvo que volver a la exclusiva prisión que ocupa en un cuartel policial y en fecha por definirse afrontará el juicio por la matanza de Pativilca, en el norte de la región de Lima, perpetrada en 1992.
En ese proceso, la fiscalía pidió para Fujimori 25 años de cárcel, pena igual a la que cumple actualmente el ex gobernante.
Keiko vivió sus derrotas en las audiencias sobre un pedido de la Fiscalía Anticorrupción, de una nueva prisión preventiva como la de tres años, que fue interrumpida en diciembre último por un polémico fallo del Tribunal Constitucional.
Un fallo judicial, por otra parte, ratificó que Fujimori padre tendrá que volver al banquillo de los acusados a la fase final de un juicio en el que se le imputa ser autor intelectual de la matanza de cinco campesinos ejecutada por un destacamento militar ilegal, autor de las dos matanzas por las que fue condenado el exmandatario.
El juez Víctor Zúñiga rechazó un pedido de la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, para que en las audiencias sobre la nueva prisión preventiva no se considere un testimonio clave del exlegislador fujimorista Rolando Reátegui.
El declarante confesó al fiscal José Pérez que Keiko Fujimori manejaba todas las operaciones de enmascaramiento de fondos electorales millonarios secretamente aportados por la empresa brasileña Odebrecht y otros de oscuro origen.
También dio detalles sobre el uso de falsos aportantes de sumas menores que, sumadas, justificaban y disfrazaban los aportes recibidos por debajo de la mesa.
El juez tampoco aceptó el pedido de la abogada Loza, de excluir de la investigación a su cliente las declaraciones tomadas por Pérez a otros congresistas de Fuerza Popular (FP), que encabeza Keiko.
En las audiencias de esta semana, además, Pérez acusó a la investigada de usar ofrecimientos y amenazas para que los testigos que la incriminan se desdigan de sus declaraciones, lo que justifica que sea encarcelada en forma preventiva.
El fiscal Pérez presentó como prueba una reunión a escondidas, en la escalera de un edificio, entre uno de los abogados de Keiko y un ex abogado de la dirigente convertido en colaborador de la fiscalía, en la que, aparentemente, el primero intenta convencer a su interlocutor de que desista de incriminarla.
Los problemas de Fujimori padre, condenado en 2009 a 25 años de cárcel, aumentaron por el rechazo judicial a un pedido de su defensor, César Nakazaki, de extinción del juicio por la masacre de cinco campesinos inocentes a manos del Grupo Colina, dedicado a ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de terrorismo.
El proceso, antes de su ingreso a la fase final, fue cortado por el derecho de gracia otorgado en diciembre de 2017, junto al indulto a Fujimori, por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar tres meses después por secuelas de la medida.
El Poder Judicial anuló posteriormente el indulto y Fujimori tuvo que volver a la exclusiva prisión que ocupa en un cuartel policial y en fecha por definirse afrontará el juicio por la matanza de Pativilca, en el norte de la región de Lima, perpetrada en 1992.
En ese proceso, la fiscalía pidió para Fujimori 25 años de cárcel, pena igual a la que cumple actualmente el ex gobernante.
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