Partidos rechazan reforma de Bolsonaro de jubilación

Partidos brasileños de oposición al Gobierno de Jair Bolsonaro rechazan tajantemente la propuesta de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones presentada por el presidente al Congreso.

En esa asamblea se cumplirá, después que descienda la tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo, la primera etapa de tramitación del proyecto y una vez aprobado, con sus respectivos cambios, seguirá para una junta especial que será creada exclusivamente para analizar el contenido del texto.

Entre los principales puntos criticados por casi todos los sectores del país está la creación de un nuevo sistema de previsión, basado en la capitalización, y el establecimiento de una edad mínima para jubilación de 65 años para hombres y 62 para mujeres (actual 60 y 55), al final de un período de transición de 12 calendarios.

Con ese tiempo mínimo, el trabajador tendría derecho al 60 por ciento del valor de la pensión integral, para obtener el ciento por ciento se necesitarán 40 años de contribución.
En una nota, a la que tuvo acceso Prensa Latina, los partidos de los Trabajadores (PT), Democrático Laborista (PDT), Comunista de Brasil (PCdoB), Socialista Brasileño (PSB), Socialismo y Libertad (PSOL) y Red Sostenibilidad (REDE) consideran que la reforma 'suprime de la Constitución Federal los derechos previsionales'.

Indican que la iniciativa quiebra además 'uno de los mayores sistemas públicos de protección social del mundo, basado en la solidaridad intergeneracional, redistributivo y en la diversidad de fuentes, inclusive del capital'.

Denuncian asimismo que la reforma 'penaliza frontal y principalmente los asegurados de baja renta y los que más dependen de la previdencia pública, sea en el momento de la jubilación, sea por circunstancias como incapacidad laboral, enfermedad, edad avanzada y deficiencia'.
Los firmantes del comunicado aseguran que el proyecto de Bolsonaro 'no considera las peculiaridades de la vida laboral de las mujeres, de la ciudad y del campo, e impone un aumento de edad mínima que, en la práctica, ampliará las desigualdades entre hombres y mujeres, promoviendo una gran exclusión de estas del sistema de la previsión'.

Para las organizaciones políticas opositoras, la propuesta 'hace exigencias inalcanzables a las trabajadoras y trabajadores rurales, convirtiéndolos marginales en la seguridad social, así como abre las puertas, vía modelo de capitalización individual, para que el sector privado sustituya la previdencia pública exitosa'.

La polémica sugerencia del presidente, concluyen los partidos, retira a millones de ciudadanos y ciudadanas de un sistema seguro para una situación de riesgo, y transforma la asistencia social en política de cobertura a la miseria y no de necesidad e inclusión ciudadana.