Protestas en Nicaragua por muertes del fin de semana
Cientos de nicaragüenses salieron el lunes a las calles de Managua exigiendo justicia para los caídos y detenidos durante los tres meses de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que, el fin de semana, dejaron al menos 12 fallecidos más. Entre el viernes y domingo la violencia...



Cientos de nicaragüenses salieron el lunes a las calles de Managua exigiendo justicia para los caídos y detenidos durante los tres meses de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que, el fin de semana, dejaron al menos 12 fallecidos más.
Entre el viernes y domingo la violencia recrudeció luego de que grupos armados progubernamentales y efectivos de la fuerza pública irrumpieran en universidades tomadas por manifestantes y rompieran los bloqueos de vías en varias ciudades del país centroamericano.
La denominada “operación limpieza” tendría la intención de debilitar la base de las protestas contra Ortega, pero no sólo generó rechazo internacional sino que reavivó la convicción de los manifestantes a exigir la renuncia del presidente, quien enfrenta su peor crisis política desde que asumió en 2007.
“La población no se rinde porque sigue en las calles exigiendo libertad”, dijo Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, uno de los grupos civiles que encabezan las protestas.
El lunes, además de una marcha convocada por universitarios, familiares de los fallecidos pasearon con sus ataúdes por las principales vías de la capital exigiendo justicia.
Las manifestaciones contra el Gobierno comenzaron a mediados de abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia para las víctimas después de una violenta represión policial que ha dejado unos 300 muertos y miles de heridos.
¿Guerra civil?
Los opositores también exigen la renuncia de Ortega, a quien sus críticos acusan de amañar elecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una “dictadura familiar” con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Pero el exguerrillero izquierdista de 72 años ha dicho que respeta el diálogo, invitó a la CIDH para que constate que no hay violaciones de derechos humanos y ha dejado entrever que no renunciará a su tercer mandato presidencial consecutivo que termina en 2021.
“El uso de fuerza letal no es sólo inaceptable, sino que es en sí mismo un obstáculo para lograr una solución política”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una visita a Costa Rica.
Entre el viernes y domingo la violencia recrudeció luego de que grupos armados progubernamentales y efectivos de la fuerza pública irrumpieran en universidades tomadas por manifestantes y rompieran los bloqueos de vías en varias ciudades del país centroamericano.
La denominada “operación limpieza” tendría la intención de debilitar la base de las protestas contra Ortega, pero no sólo generó rechazo internacional sino que reavivó la convicción de los manifestantes a exigir la renuncia del presidente, quien enfrenta su peor crisis política desde que asumió en 2007.
“La población no se rinde porque sigue en las calles exigiendo libertad”, dijo Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, uno de los grupos civiles que encabezan las protestas.
El lunes, además de una marcha convocada por universitarios, familiares de los fallecidos pasearon con sus ataúdes por las principales vías de la capital exigiendo justicia.
Las manifestaciones contra el Gobierno comenzaron a mediados de abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia para las víctimas después de una violenta represión policial que ha dejado unos 300 muertos y miles de heridos.
¿Guerra civil?
Los opositores también exigen la renuncia de Ortega, a quien sus críticos acusan de amañar elecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una “dictadura familiar” con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Pero el exguerrillero izquierdista de 72 años ha dicho que respeta el diálogo, invitó a la CIDH para que constate que no hay violaciones de derechos humanos y ha dejado entrever que no renunciará a su tercer mandato presidencial consecutivo que termina en 2021.
“El uso de fuerza letal no es sólo inaceptable, sino que es en sí mismo un obstáculo para lograr una solución política”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una visita a Costa Rica.