Incautan inmuebles de Ollanta Humala por caso Odebrecht
El ex presidente peruano, Ollanta Humala, condenó la incautación de su vivienda como una acción arbitraria que muestra hasta donde pueden llegar ‘’el linchamiento, el odio y la venganza’’ contra él y su familia. El mandatario, tras recibir un plazo de la fiscalía para que dejar la...



El ex presidente peruano, Ollanta Humala, condenó la incautación de su vivienda como una acción arbitraria que muestra hasta donde pueden llegar ‘’el linchamiento, el odio y la venganza’’ contra él y su familia.
El mandatario, tras recibir un plazo de la fiscalía para que dejar la casa, pidió además al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que anule la medida que lo priva del único lugar que tienen para vivir él, su esposa, Nadine Heredia, y sus tres menores hijos.
Se dirigió además al presidente Martín Vizcarra para que se preocupe porque su caso muestra lo que le puede pasar en adelante a otros expresidentes y exhortó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que revise la actuación del fiscal Germán Juárez, quien pidió la incautación.
Consideró además innecesaria la medida, pues la propiedad, así como la casa de su suegra, Antonia Heredia, también incautada, había sido embargada, lo que era suficiente para que los dueños no pudieran disponer de la propiedad.
Incautación
La incautación se produjo a una semana de que la pareja fue liberada tras más de nueve meses de prisión preventiva injustificada, según un fallo del Tribunal Constitucional, pues el inmueble había sido embargado e inmovilizado.
Humala añadió que no tiene donde vivir, por lo que pidió que se le permita seguir ocupando la casa incautada, aunque se pagando un alquiler, para seguir en su hogar.
Fustigó, sin mencionarlo, al juez Richard Concepción, el mismo que lo envió a prisión, y señaló que la incautación fue una acción vengativa, ordenada por un magistrado recusado -debido al fallo del TC-, por lo que no debía tomar una acción de ese tipo.
El exmandatario reiteró que es inocente y que la fiscalía no tiene ninguna prueba consistente para acusarlo de lavado de activos, mientras su esposa, Nadine Heredia, denunció indignada lo que calificó como abuso y coincidió con su esposo en que lo sucedido atenta contra la seguridad jurídica. ‘¡Nos están echando a la calle!’, dijo Heredia, mientras los abogados de la pareja, Wilfredo Pedraza, y Julio César Espinoza, anunciaron que apelarán contra la incautación ante la CIDH.
El padre del exmandatario, Isaac Heredia, dijo que aconsejó a su hijo que se niegue a abandonar la casa porque es inadmisible que lo quieran echar ‘como un perro’.
El parlamentario Jorge del Castillo, enconado opositor de Humala, declaró que la incautación, que calificó como un abuso de autoridad, ‘suena más a venganza que a un proceso judicial limpio’.
La medida, añadió, viola la norma constitucional de protección a la familia, y fue tomada por un juez (Concepción) ‘despechado por que el Tribunal Constitucional revocó sus decisiones’.
El magistrado, además de las dos casas, ordenó incautar dos propiedades de Heredia y la casa de una amiga, así como los autos de los Humala-Heredia y hasta las cuentas de ahorros de sus menores hijas. Otro de los abogados del expresidente, César Nakazaki, rechazó la medida y afirmó que la acción sería una “venganza” porque el Tribunal Constitucional había ordenado la libertad de Humala al considerar que la prisión preventiva es una figura excepcional.
El mandatario, tras recibir un plazo de la fiscalía para que dejar la casa, pidió además al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que anule la medida que lo priva del único lugar que tienen para vivir él, su esposa, Nadine Heredia, y sus tres menores hijos.
Se dirigió además al presidente Martín Vizcarra para que se preocupe porque su caso muestra lo que le puede pasar en adelante a otros expresidentes y exhortó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que revise la actuación del fiscal Germán Juárez, quien pidió la incautación.
Consideró además innecesaria la medida, pues la propiedad, así como la casa de su suegra, Antonia Heredia, también incautada, había sido embargada, lo que era suficiente para que los dueños no pudieran disponer de la propiedad.
Incautación
La incautación se produjo a una semana de que la pareja fue liberada tras más de nueve meses de prisión preventiva injustificada, según un fallo del Tribunal Constitucional, pues el inmueble había sido embargado e inmovilizado.
Humala añadió que no tiene donde vivir, por lo que pidió que se le permita seguir ocupando la casa incautada, aunque se pagando un alquiler, para seguir en su hogar.
Fustigó, sin mencionarlo, al juez Richard Concepción, el mismo que lo envió a prisión, y señaló que la incautación fue una acción vengativa, ordenada por un magistrado recusado -debido al fallo del TC-, por lo que no debía tomar una acción de ese tipo.
El exmandatario reiteró que es inocente y que la fiscalía no tiene ninguna prueba consistente para acusarlo de lavado de activos, mientras su esposa, Nadine Heredia, denunció indignada lo que calificó como abuso y coincidió con su esposo en que lo sucedido atenta contra la seguridad jurídica. ‘¡Nos están echando a la calle!’, dijo Heredia, mientras los abogados de la pareja, Wilfredo Pedraza, y Julio César Espinoza, anunciaron que apelarán contra la incautación ante la CIDH.
El padre del exmandatario, Isaac Heredia, dijo que aconsejó a su hijo que se niegue a abandonar la casa porque es inadmisible que lo quieran echar ‘como un perro’.
El parlamentario Jorge del Castillo, enconado opositor de Humala, declaró que la incautación, que calificó como un abuso de autoridad, ‘suena más a venganza que a un proceso judicial limpio’.
La medida, añadió, viola la norma constitucional de protección a la familia, y fue tomada por un juez (Concepción) ‘despechado por que el Tribunal Constitucional revocó sus decisiones’.
El magistrado, además de las dos casas, ordenó incautar dos propiedades de Heredia y la casa de una amiga, así como los autos de los Humala-Heredia y hasta las cuentas de ahorros de sus menores hijas. Otro de los abogados del expresidente, César Nakazaki, rechazó la medida y afirmó que la acción sería una “venganza” porque el Tribunal Constitucional había ordenado la libertad de Humala al considerar que la prisión preventiva es una figura excepcional.