Corte anula disposición sobre las deportaciones
La Corte Suprema estadounidense anuló una disposición de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes condenados por algunos delitos de violencia, al tildarla de inconstitucionalmente vaga. La decisión es considerada un golpe para el Departamento de Justicia, pues...



La Corte Suprema estadounidense anuló una disposición de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes condenados por algunos delitos de violencia, al tildarla de inconstitucionalmente vaga.
La decisión es considerada un golpe para el Departamento de Justicia, pues podría limitar la capacidad de la administración del presidente Donald Trump de intensificar la expulsión del país de inmigrantes con antecedentes penales.
El caso que dio lugar al fallo, Sessions contra Dimaya, surgió durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), pero fue observado de cerca para ver cómo actuarían los jueces ante el impulso general del ejecutivo de limitar la inmigración y, al mismo tiempo, aumentar las deportaciones, indicó CNN.
Fue el magistrado que Trump nominó el año pasado, el conservador Neil Gorsuch, quien se unió a los miembros liberales del tribunal para invalidar el estatuto federal sobre el tema por cinco votos a favor y cuatro en contra.
Al dar ese paso, Gorsuch continuó con la postura de su predecesor en el cargo, el fallecido juez AntoninScalia, quien también se alineó con los liberales en lo que respecta a la vaguedad de las disposiciones utilizadas para condenar a los acusados.
James GarciaDimaya, fue admitido como residente legal en Estados en 1992 cuando tenía 13 años, y en 2007 y 2009 fue condenado por robo residencial en California.
En 2010, el Gobierno de Obama presentó un proceso de deportación en su contra, cuando un juez consideró que era removible del país debido a sus dos sentencias en un tribunal estatal, al valorar que calificaban de ‘delito grave con agravante’.
La decisión es considerada un golpe para el Departamento de Justicia, pues podría limitar la capacidad de la administración del presidente Donald Trump de intensificar la expulsión del país de inmigrantes con antecedentes penales.
El caso que dio lugar al fallo, Sessions contra Dimaya, surgió durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), pero fue observado de cerca para ver cómo actuarían los jueces ante el impulso general del ejecutivo de limitar la inmigración y, al mismo tiempo, aumentar las deportaciones, indicó CNN.
Fue el magistrado que Trump nominó el año pasado, el conservador Neil Gorsuch, quien se unió a los miembros liberales del tribunal para invalidar el estatuto federal sobre el tema por cinco votos a favor y cuatro en contra.
Al dar ese paso, Gorsuch continuó con la postura de su predecesor en el cargo, el fallecido juez AntoninScalia, quien también se alineó con los liberales en lo que respecta a la vaguedad de las disposiciones utilizadas para condenar a los acusados.
James GarciaDimaya, fue admitido como residente legal en Estados en 1992 cuando tenía 13 años, y en 2007 y 2009 fue condenado por robo residencial en California.
En 2010, el Gobierno de Obama presentó un proceso de deportación en su contra, cuando un juez consideró que era removible del país debido a sus dos sentencias en un tribunal estatal, al valorar que calificaban de ‘delito grave con agravante’.