Guaraníes de Bolivia denuncian retroceso en seguridad alimentaria

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), en representación de las 29 capitanías territoriales en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, realizó una denuncia en contra del Gobierno nacional la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) por realizar un pacto que perjudica la seguridad alimentaria y la armonía de los indígenas. La denuncia se realizó a través de un manifiesto público nacional e internacional.

En el primer punto denunciaron que el Gobierno nacional aprovechó la crisis sanitaria contra el COVID-19 para brindar las condiciones legales para que ingresen los cultivos transgénicos a través del Decreto Supremo (DS) 4232 a pesar del constante rechazo por los pueblos indígenas.

En el segundo punto, denunciaron a la CAO. “Por hacer creer que comparten principios de unidad, prosperidad, seguridad alimentaria y transparencia tecnológica con los pueblos indígenas. Por siglos han venido despojándonos de nuestros territorios, aprovechándose de la mano de obra de las comunidades, desarrollando sus haciendas con sistemas de explotación servidumbral, derribando nuestros bosques y maltratando a nuestra Madre tierra”, expone el documento oficial del pronunciamiento.



Como tercer y ultimo punto, denunciaron y rechazaron el convenio firmado entre la CAO y la CIBOD bajo el argumento de que “solo beneficia a las élites empresariales, agroindustriales y agropecuarios para seguir despojando a las comunidades indígenas del territorio ancestral y por poner en riesgo la seguridad alimentaria y armonía con la naturaleza”, señalaron.

Por lo tanto, exigieron que se respeten a las instancias orgánicas y rechazaron los convenios existentes entre otras instancias que no son legítimas para las comunidades guaraníes. El documento lo firmó la Nación Guaraní Ñemboatí Guasú de Bolivia; la Capitanía de la zona Kaaguasú a través de su capitán grande, Lidio Meriles Torrez; y el mburubicha guasu y presidente de la APG, Justino Zambrana. El documento fue redactado en Camiri el 19 de mayo.

En una entrevista realizada por El País, Zambrana manifestó el temor de las comunidades al emitirse el DS 4232 el 7 de mayo. “Hacemos un llamado a las autoridades departamentales, nacionales, del legislativo, y el ejecutivo, nosotros mismos nos estamos envenenando sin ver bien las consecuencias para las generaciones futuras”, expresó.



Desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), el asambleísta de la provincia de O’connor, Abel Guzmán, apoyó a las comunidades indígenas al realizar su pronunciamiento e indicó que el Gobierno nacional no realizó una consulta a los sectores campesinos ni indígenas para analizar sus posturas sobre el uso de transgénicos dentro de los territorios colindantes a sus comunidades.

El director del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET), Guido Cortez, reiteró que la introducción de transgénicos a los cultivos del Chaco boliviano sería imprudente porque las comunidades producen para su consumo y cantidades mínimas de comercio, por lo que se acostumbra cultivar de manera orgánica. Esta característica hace que los nutrientes se mantengan en los alimentos, además de inducir a la biodiversidad de semillas y la reproducción de abejas silvestres que ayudan al equilibrio.

 

Soya, maíz y contrabando transgénico en el Chaco

No es la primera vez que se denuncia que en el amplio territorio del Chaco que pertenece al departamento de Tarija se multiplicaron los cultivos de maíz transgénico como lo hizo la soya en el oriente boliviano. La Federación Sindical de Comunidades Campesinas (FSUCCT), señaló en anteriores ocasiones que estos cultivos de maíz transgénico son ilegales y no están en manos de los campesinos sino de empresarios que evaden las normativas que los prohibían. Por otro lado, los productos transgénicos de argentina ingresan por contrabando y tampoco se controlan en los mercados.