La Gobernación quiere recuperar Bs 700 MM de procesos perdidos

El Gobierno Departamental de Tarija, mediante procesos contenciosos que viene siguiendo desde el año 2021, está tratando de revertir los procesos judiciales perdidos y de recuperar los recursos económicos que no fueron cuidados por anteriores gestiones, que ascienden a más de 700 millones de bolivianos.

“Procesos judiciales tenemos más de 700, los procesos contenciosos son cerca de 50 y el monto total son más de 300 millones de bolivianos, pero eso lo tenemos desde el día que hemos ingresado a la Gobernación, cuando abrimos las puertas, lo primero que ingresó fue una enorme cantidad de expedientes judiciales”, comentó el gobernador, Oscar Montes.

Detalló que se tenían sentencias ejecutoriadas por procesos que no fueron llevados de la manera adecuada por la anterior gestión, es decir, que no se defendieron adecuadamente los intereses de la Gobernación y es lo que ahora se intenta revertir.

“Habían deudas que teníamos que pagar, como en algún caso tres millones de dólares, al final estamos pagando un millón, pero en la mayoría de los casos estamos haciendo revisar. Incluso algunas sentencias que ya estaban emitidas, porque no fueron defendidos a cabalidad los intereses de la Gobernación”, afirmó la autoridad departamental.

Entre las subgobernaciones que más endeudaron al departamento está la de O’Connor, le sigue Bermejo, luego Cercado, entre el resto, lo que demuestra que la administración era un desorden total, porque incluso las secretarías departamentales también contraían obligaciones financieras, con proyectos millonarios que la administración actual tuvo que hacerse cargo.

“Eso forma parte de todo el paquete que hemos recibido y que hoy lo tenemos ya controlado, hemos recibido con más de 3 mil millones de bolivianos y ahora nuestra deuda debe estar alrededor de unos 1.400 millones de bolivianos, en la mayoría de los casos hemos renegociado la deuda porque las obras estaban sobredimensionadas”.

Montes hizo énfasis en que hubo negligencia de las anteriores gestiones al momento de defender los intereses del departamento y de la Gobernación, por lo que la Contraloría General del Estado y la Procuraduría deberán investigar si existen responsabilidades por parte de exautoridades.