La agilidad no puede ser una coartada
La AISEM fue creada para acelerar la ejecución de hospitales y equipamiento médico, no para convertirse en una ventanilla de favores políticos. Las denuncias sobre presiones para contratar personal sin el perfil requerido exigen una investigación independiente y medidas inmediatas
La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) tiene una misión demasiado importante como para quedar atrapada en disputas políticas o prácticas de contratación cuestionables. Fue creada precisamente para superar las limitaciones administrativas del Ministerio de Salud y ejecutar con mayor capacidad técnica los proyectos hospitalarios del país. Su autonomía de gestión tiene sentido si permite acelerar obras, adquirir equipos y garantizar que las inversiones públicas se conviertan en servicios para la población. Pero esa autonomía no puede confundirse con discrecionalidad ni mucho menos con ausencia de controles.
Los presuntos audios en los que dos diputados oficialistas, Alejandro Medinaceli y Claudia Bilbao, presionan a la ex directora ejecutiva, Mery Daniela Quiroga, para contratar a determinadas personas plantean una situación preocupante, sobre todo porque Quiroga fue reemplazada el 26 de octubre y el 27 se contrató a la persona cuestionada. Según las grabaciones difundidas, la ex directora se resiste a esas instrucciones porque los postulantes no cumplirían los requisitos profesionales.
No corresponde convertir una grabación en una sentencia ni dar por probadas responsabilidades antes de una investigación, pero tampoco se puede minimizar lo que se escucha, ni los hechos que lo acompañan, ni esperar a que el escándalo desaparezca de la agenda. Los legisladores no tienen atribución para convertir una agencia ejecutora en una oficina de colocación de allegados. Y una directora que debe responder por la gestión institucional no puede quedar expuesta a presiones para incumplir los criterios profesionales que justifican cada contratación.
La historia de la AISEM obliga, además, a tomar el asunto con seriedad. La institución ya estuvo en el centro de uno de los episodios más graves de la emergencia sanitaria: la compra de los 170 respiradores españoles durante 2020. La operación, superior a los cuatro millones de dólares, fue cuestionada por las características de los equipos y dio lugar a una acusación formal contra Giovanni Pacheco, entonces director de la agencia, y otros implicados. Hasta la fecha, según los antecedentes disponibles, no existe sentencia. No se trata de establecer una equivalencia entre ambos episodios, sino de recordar que una institución encargada de administrar inversiones sanitarias necesita controles especialmente rigurosos.
La AISEM maneja decisiones que afectan directamente a la capacidad del sistema público de salud. El equipamiento de hospitales no es un trámite menor: determina si una infraestructura puede funcionar, si un paciente recibe atención o si una inversión millonaria termina convertida en un edificio vacío. El Hospital Oncológico de Tarija es un ejemplo elocuente. La definición de las características técnicas del acelerador lineal sigue siendo una pieza pendiente para avanzar con el equipamiento y completar el servicio de radioterapia. En ese contexto, cualquier interferencia que desvíe a la agencia de sus responsabilidades resulta todavía más perjudicial.
El Gobierno debe entender que la agilidad administrativa no consiste en saltarse procedimientos ni en contratar a quien alguien recomienda. Consiste en resolver con rapidez, pero con criterios técnicos, documentación verificable, competencia y rendición de cuentas. La contratación directa puede ser necesaria para determinados proyectos, pero no elimina la obligación de justificar las decisiones ni autoriza a prescindir de controles. La urgencia de construir hospitales y equiparlos no puede convertirse en una coartada para la corrupción.
Por eso corresponde que el Ministerio de Salud y las instancias de control actúen de inmediato. Deben preservar las grabaciones y toda la documentación relacionada, realizar una auditoría de las contrataciones cuestionadas, establecer si existieron presiones indebidas y determinar responsabilidades administrativas o penales cuando corresponda. También deben garantizar que la directora y los funcionarios que denuncien o resistan interferencias puedan ejercer sus funciones sin represalias. La investigación debe ser independiente y sus resultados, públicos.
Rodrigo Paz llegó al Gobierno con el compromiso de cambiar las prácticas del Estado. No puede permitir que las instituciones sigan funcionando como espacios de reparto político mientras los hospitales esperan equipos, los pacientes esperan atención y los recursos públicos se consumen sin resultados suficientes. Si la AISEM necesita fortalecerse, que se la fortalezca; si sus procedimientos deben corregirse, que se los corrija. Pero que nadie confunda eficiencia con obediencia política.
La salud pública necesita instituciones que trabajen, no agencias capturadas por intereses particulares. La agilidad es indispensable, pero sin transparencia puede convertirse en el camino más corto hacia el abuso. El Gobierno tiene la obligación de demostrar que esta vez las denuncias no terminarán archivadas ni las presiones premiadas.


