Educación, una reforma sin experimentos

El conflicto con los maestros ha puesto sobre la mesa una discusión que Bolivia no puede seguir postergando: cómo organizar y financiar su sistema educativo. La descentralización puede mejorar la gestión, pero no puede improvisarse ni convertirse en un traslado de obligaciones sin garantías

El conflicto del magisterio ha dejado al descubierto un problema que va mucho más allá de un anteproyecto para transferir los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones. Bolivia necesita discutir seriamente su modelo educativo, revisar sus resultados y preguntarse si la estructura administrativa vigente es capaz de responder a las necesidades de estudiantes, maestros y regiones. Esa discusión es necesaria. Lo que no parece razonable es comenzar por una transferencia parcial de competencias, sin haber definido previamente el modelo, sus costos y las responsabilidades de cada nivel del Estado.

La propuesta gubernamental ha generado desconfianza, como por otro lado, es lo habitual con este gobierno. Los maestros tienen derecho a plantear sus dudas, especialmente cuando el propio Gobierno no ha conseguido explicar de manera suficientemente convincente cómo se garantizará la continuidad de los servicios, la estabilidad laboral y el financiamiento de los institutos. El Ejecutivo ha mencionado una transferencia de alrededor de 650 millones de bolivianos a las gobernaciones para cubrir recursos humanos. Es un dato importante, pero no resuelve por sí solo todas las preguntas: quién administrará las contrataciones, cómo se financiará su equipamiento, qué ocurrirá con la infraestructura, cómo se organizarán las carreras y qué mecanismos impedirán que las diferencias fiscales entre departamentos terminen generando desigualdades educativas.

La experiencia de la salud debería servir como advertencia. La distribución de competencias y responsabilidades entre niveles de gobierno no siempre ha producido una gestión más clara. La proliferación de ítems, las distintas modalidades de contratación y la falta de coordinación han generado confusión sobre quién contrata, quién paga y quién responde por los recursos humanos. Hay situaciones en las que ni siquiera resulta sencillo establecer una estructura ordenada de personal. Los ítems deben responder a una planificación nacional, con criterios homogéneos y responsabilidades claramente identificadas, no a decisiones dispersas que terminan dificultando la administración del servicio.

No se trata de afirmar que descentralizar sea necesariamente un error. Al contrario, una gestión más próxima a las regiones puede conocer mejor las necesidades de cada departamento, adecuar la formación técnica a sus vocaciones productivas y responder con mayor agilidad a las demandas locales. Pero esa posibilidad solo existe si las competencias vienen acompañadas de recursos suficientes, estables y previsibles. Transferir la administración sin garantizar el financiamiento es trasladar el problema, no resolverlo. Y hacerlo en departamentos con capacidades fiscales muy distintas puede profundizar las brechas que se pretende corregir.

Por eso resulta insuficiente limitar la discusión a los institutos técnicos. La educación boliviana necesita una reforma integral de la Ley 070, que revise la formación docente, los contenidos curriculares, la educación rural y urbana, la formación técnica, la evaluación de aprendizajes y la relación entre educación y empleo. También debe ordenar la distribución de competencias entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios. No podemos seguir tratando cada problema como una emergencia aislada ni modificando una parte del sistema sin evaluar las consecuencias sobre el conjunto.

El acuerdo alcanzado el 11 de noviembre entre el Gobierno y el magisterio rural, con mediación de la Defensoría del Pueblo, suspendió el anteproyecto y abrió la posibilidad de realizar evaluaciones integrales y mesas técnicas regionales. Es un paso para recuperar el diálogo, pero no debe convertirse en otra fórmula para ganar tiempo. El magisterio urbano mantiene sus cuestionamientos y las diferencias siguen abiertas. La participación de maestros, padres de familia, autoridades educativas, universidades y gobiernos subnacionales debe servir para construir una propuesta seria, no para legitimar una decisión ya tomada.

El Gobierno tampoco puede pedir confianza a cambio de explicaciones generales. La desconfianza se supera con reglas claras, compromisos verificables y garantías presupuestarias. Si pretende avanzar hacia una gestión descentralizada, debe demostrar cuánto costará, de dónde saldrán los recursos, cómo se distribuirán y qué mecanismos de control impedirán que la educación dependa de la capacidad económica o de la voluntad política de cada departamento.

Los maestros, por su parte, tienen la responsabilidad de participar en una discusión que no puede quedar reducida a la defensa de estructuras existentes. La educación necesita cambios y los estudiantes no pueden seguir pagando el costo de conflictos que se prolongan sin soluciones. Pero tampoco se puede exigirles aceptar una reforma cuyo alcance y consecuencias todavía no están suficientemente definidos.

La descentralización puede ser parte de la respuesta, siempre que exista financiamiento suficiente y una arquitectura institucional que funcione. Lo que Bolivia necesita no es un experimento con los institutos técnicos para ver qué sucede después. Necesita una reforma educativa integral, con responsabilidades ordenadas, recursos garantizados y objetivos medibles. La educación no puede seguir siendo rehén de la improvisación ni de la desconfianza. Es demasiado importante para dejarla a merced de una disputa coyuntural.


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