El tiempo del Pacto Fiscal
Discutir si las gobernaciones recibirán el 1%, el 10% o el 50% de los recursos sirve de poco si no se define qué responsabilidades deben asumir y cómo se financiarán
La discusión sobre el 50-50 parece haber llegado a un punto difícil de disimular. Después de meses de reuniones, anuncios y expectativas, el Gobierno plantea entregar a las gobernaciones el 1% de los recursos de coparticipación tributaria, una oferta que ha provocado nuevas diferencias entre los propios gobernadores. Algunos la consideran un primer paso; otros, una propuesta insuficiente que ni siquiera merece ser presentada como un avance significativo. Mientras tanto, el debate sobre la descentralización sigue sin resolver lo esencial.
Es difícil hablar de una transformación del modelo autonómico cuando ni siquiera existe acuerdo sobre una redistribución mínima de los recursos. Si el Gobierno considera que no puede ofrecer más, debe explicar con claridad sus razones y presentar las cuentas. Si las gobernaciones consideran que necesitan mucho más, deben demostrar qué competencias podrían asumir, cuánto cuestan y qué resultados ofrecerían. Lo que no tiene sentido es mantener al país atrapado en una disputa de porcentajes sin abordar la arquitectura completa del Estado.
Bolivia necesita una descentralización efectiva, no una negociación interminable de cifras.
El 50-50, como consigna, ha terminado desplazando una discusión mucho más importante: la necesidad de un nuevo Pacto Fiscal. Bolivia necesita revisar qué hace cada nivel de gobierno, qué responsabilidades debe mantener el nivel central, cuáles pueden ser ejercidas de manera más eficiente por las gobernaciones y municipios y, sobre todo, qué recursos corresponden a cada uno para cumplir esas funciones. No se trata simplemente de repartir una torta, sino de reorganizar la administración pública para que responda mejor a la ciudadanía.
Hay una razón práctica para defender esa descentralización. Las autoridades departamentales y municipales conocen mejor las particularidades de sus territorios, sus necesidades productivas, sus déficits de infraestructura y las urgencias de sus comunidades. No es lo mismo planificar una carretera, un hospital o un sistema de riego desde un escritorio en La Paz que hacerlo desde el lugar donde se necesita y donde sus resultados deben ser evaluados. La cercanía no garantiza por sí sola una buena gestión, pero permite decisiones más informadas y una fiscalización ciudadana más directa.
Por supuesto, descentralizar no significa entregar recursos sin controles ni trasladar obligaciones sin financiación. La experiencia de los servicios departamentales de salud y las dificultades para sostener determinadas responsabilidades muestran el riesgo de distribuir competencias sin ordenar previamente su financiamiento. Una gobernación no puede recibir nuevas atribuciones y descubrir después que debe cubrir salarios, infraestructura y funcionamiento con ingresos que no tiene. Tampoco puede depender de negociaciones permanentes con el nivel central para atender obligaciones que legalmente le corresponden.
El Gobierno nacional tiene, además, una responsabilidad que no puede eludir: optimizar su propio gasto. La estrechez fiscal obliga a revisar estructuras, eliminar duplicidades, priorizar inversiones y evaluar qué programas generan resultados. No es razonable exigir eficiencia a las administraciones subnacionales mientras el nivel central se reserva la mayor parte de los recursos sin demostrar que los utiliza de la mejor manera posible.
Las gobernaciones también deben asumir su parte. Más recursos significan más responsabilidad, transparencia y capacidad de ejecución. No basta con reclamar mayores ingresos; hay que demostrar que se pueden convertir en servicios, infraestructura y oportunidades. El Pacto Fiscal debe incorporar criterios de equidad territorial, población, necesidades y capacidad de gestión, además de mecanismos públicos de evaluación.
La división entre gobernadores que aceptan el 1% como primer paso y quienes lo rechazan no debería convertirse en otra oportunidad para que el centralismo gane tiempo. Lo importante es construir una posición común sobre el modelo de Estado que se necesita y exigir una negociación con plazos, datos y compromisos verificables.
Bolivia no necesita seguir discutiendo porcentajes como si fueran un fin en sí mismos. Necesita que cada nivel de gobierno tenga las competencias que puede ejercer mejor y los recursos para hacerlo. La descentralización no debilita al Estado: puede hacerlo más eficiente, cercano y responsable. Pero para conseguirlo hay que dejar de administrar la autonomía como una promesa y empezar a construirla mediante un verdadero Pacto Fiscal.
