Las cacerolas no se llenan con explicaciones
La marcha registrada en Tarija es apenas una primera muestra del incipiente cansancio de familias que cada día hacen más cuentas para comprar menos alimentos, mientras el trabajo escasea y los sacrificios se acumulan
El sonido de una cacerola vacía es difícil de disimular y más difícil todavía de desmentir. No presenta cuadros estadísticos ni distingue entre corrientes políticas. Habla de una necesidad concreta: llevar comida a casa. Cuando los vecinos salen a marchar porque sienten que el dinero ya no alcanza, la primera obligación de las autoridades no es buscar quién está detrás de la protesta, sino preguntarse qué está pasando en los hogares y qué respuesta pueden ofrecer.
La aun pequeña movilización de este lunes, convocada por las organizaciones vecinales de Tarija, se suma a otras expresiones de preocupación que vienen apareciendo en distintos sectores. Y probablemente no será la última. Si los precios siguen subiendo y las familias no encuentran alivio, las cacerolas volverán a sonar. No necesariamente porque alguien haya diseñado una estrategia política, sino porque la incertidumbre económica se instala en la vida cotidiana y termina por hacerse visible. La protesta podrá tener dirigentes y demandas concretas, pero el malestar que la alimenta va mucho más allá de cualquier organización.
Conviene no perderse en las disputas partidarias ni en las teorías económicas que ocupan el debate público. Las decisiones macroeconómicas pueden ser complejas, y ordenar las cuentas del Estado puede exigir medidas difíciles. Pero ninguna explicación técnica debería servir para ignorar sus consecuencias sociales. Una cosa es discutir los instrumentos de una política económica; otra, muy distinta, es pedirle a la población que soporte indefinidamente el encarecimiento de la vida sin ofrecerle protección, certezas ni perspectivas de recuperación.
La inflación no se vive como una cifra. Se vive cuando la misma cantidad de dinero vuelve del mercado con menos productos; cuando se reemplaza la carne por alimentos más baratos, se reduce la cantidad de comida o se deja para después una compra necesaria. Se vive cuando una madre tiene que decidir qué necesidad puede esperar, cuando un adulto mayor posterga un medicamento o cuando una familia recorta gastos básicos porque el presupuesto ya no alcanza. La pérdida de poder adquisitivo no es abstracta: se traduce en peor alimentación, menos bienestar y más angustia. Y cuando comer bien empieza a convertirse en un privilegio, la crisis deja de ser solamente económica para convertirse en un problema social.
Tarija conoce el valor del trabajo y también la frustración de ver cómo el esfuerzo cotidiano pierde capacidad para sostener una vida digna
El golpe es mayor porque tampoco abundan las alternativas laborales. Quien tiene un empleo precario, vende por cuenta propia o depende de ingresos diarios no puede responder a los aumentos como lo haría quien tiene un salario estable o ahorros. Si los precios suben y los ingresos no, la capacidad de resistir se agota pronto. No basta, por eso, con recomendar paciencia ni con prometer que los beneficios de un ajuste llegarán más adelante. La gente necesita saber cómo va a llegar a fin de mes ahora, y qué posibilidades reales tiene de mejorar su situación mañana.
El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar sus decisiones con claridad, anticipar sus efectos y corregir lo que esté agravando innecesariamente la situación. Eso implica escuchar a consumidores, comerciantes, productores, transportistas y organizaciones vecinales; vigilar posibles abusos y distorsiones; asegurar el abastecimiento; facilitar que los alimentos lleguen desde las zonas productoras a los mercados; y diseñar medidas de alivio que sean viables, focalizadas y verificables. No se trata de negar los problemas fiscales ni de prometer soluciones mágicas, sino de evitar que el costo del reordenamiento recaiga, una vez más, sobre quienes menos margen tienen para soportarlo.
También corresponde a las autoridades actuar con el ejemplo. La exigencia vecinal de que el esfuerzo sea compartido revela una percepción extendida de desigualdad: mientras los hogares recortan sus compras, la ciudadanía espera austeridad, transparencia y responsabilidad de quienes administran recursos públicos. La confianza no se reclama; se construye con decisiones coherentes, información honesta y resultados que puedan comprobarse.
Las protestas deben mantenerse en el marco pacífico y democrático. Pero el Gobierno no puede confundir la tranquilidad con el silencio, ni suponer que una marcha es irrelevante porque no representa a toda la población. Las cacerolas vacías son una advertencia: detrás de ellas hay familias que sienten que su situación empeora y que sus reclamos no encuentran respuesta suficiente. Descalificar esa expresión o reducirla a una maniobra política solo profundizaría la distancia entre las autoridades y la ciudadanía.
Tarija conoce el valor del trabajo y también la frustración de ver cómo el esfuerzo cotidiano pierde capacidad para sostener una vida digna. Por eso, la respuesta no puede limitarse a una declaración ni a una reunión destinada a ganar tiempo. Hace falta reconocer la dimensión del problema, presentar medidas concretas, fijar plazos y rendir cuentas sobre sus resultados. Y, sobre todo, hace falta que el Gobierno escuche sin prejuicios y revise aquello que no está funcionando.
La economía debe estar al servicio de las personas, no al revés. Un programa puede tener fundamentos técnicos y, aun así, fracasar si desatiende el hambre, el empleo y la confianza social. Es hora de que el Gobierno reflexione de verdad, salga de la defensa automática de sus decisiones y escuche lo que hoy se ha dicho en las calles de Tarija. Porque una cacerola vacía no es una consigna: es la señal de que, para demasiadas familias, la crisis ya está sentada a la mesa.
