Paz advierte al Defensor: “No lo vi hablar en el pasado”

El régimen de Rodrigo Paz Pereira ha endurado posiciones con la llegada de octubre. Primero fue la intervención al Ministerio Público, donde más allá de la aprehensión de Roger Mariaca, se establecieron fórmulas para suspenderlo con una imputación formal y elegir a un sustituto en un procedimiento que aun no está claro, luego de que desde la vocería se pidiera “ir al fondo y no detenerse en procedimientos”. Después han llegado algunas advertencias hacia el vicepresidente Edmand Lara, hacia la prensa, y ayer, hacia el Defensor del Pueblo Pedro Calisaya. Todo esto dentro de una narrativa extendida desde la Comunicación Estratégica del Estado en la que insisten en la idea de “con nosotros o con el narcoterrorismo”, sin matices, advirtiendo con medidas duras y sin olvidar que estamos en un Estado de Excepción extendido en septiembre, justo antes de que se aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se elevara el precio del diésel para todos los consumidores.

El presidente Paz advirtió ayer al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, que ayude a los hombres y mujeres de bien frente a quienes buscan bloqueos y muerte.

“Una advertencia al Defensor del Pueblo electo en el pasado: nunca lo vi hablar en el pasado, nunca. Ahora habla. Bien por él, bien por el cumplimiento con la Constitución y el Estado, pero también que ayude a las normas y a las leyes, a proteger a los hombres y mujeres de bien que quieren salir adelante que quieren trabajar”, manifestó el mandatario en Santa Cruz.

El Defensor “del pasado”

Siguiendo la línea comunicacional marcada, el presidente insistió en que Callisaya fue elegido durante el anterior Gobierno, cuando el MAS aún controlaba la Asamblea Legislativa, donde se escogió al Defensor. Fue en 2022 y para un solo mandato de seis años, como señala la Constitución.

El Defensor del Pueblo tiene una misión muy definida, esencialmente tiene la atribución de proteger y promover los derechos humanos individuales y colectivos mediante investigaciones, de oficio o a solicitud de parte, y la presentación de acciones constitucionales y legales ante vulneraciones. Puede proponer leyes y modificaciones normativas, solicitar información a autoridades e instituciones públicas y privadas que prestan servicios públicos, emitir recomendaciones y censuras públicas, y exigir medidas correctivas. También tiene libre acceso a centros de detención, hospitales, refugios e instituciones educativas y de acogida para verificar el respeto de los derechos de las personas. Debe atender sin discriminación y ejercer sus funciones de manera continua, incluso durante estados de excepción, además de impulsar acciones contra quienes no atiendan sus requerimientos y aprobar su normativa interna, pero en general se le reconoce como mediador en conflictos y defensor de los Derechos Humanos, un concepto que cada vez va a menos en la sociedad y sus gobiernos.

Estas funciones le suelen dar un determinado perfil político y por lo general todos los gobiernos tienen discrepancias con los Defensores que ejercen su trabajo y rol. Calizaya ha tenido un perfil gris, aunque medió en los choques entre el bloque evista y el gobierno de Luis Arce en 2024 y 2025.

Las “anunciadas” movilizaciones

Aunque se han anunciado varios ampliados, en principio solo el bloque evista ha asegurado “acciones progresivas” desde el martes 13 de octubre, que aparentemente incluyen una marcha, hay dudas sobre su viabilidad.

En cualquier caso, Rodrigo Paz insiste en que “los hombres y mujeres de bien” plantean sus diferencias en la mesa de concertación y “no a los gritos, ni a los insultos, a las pedradas y a los bloqueos o como algunos quieren que la muerte retorne a Bolivia”.

El presidente Paz avisó que, “si alguien quiere movilizarse tiene todo el derecho a la protesta, a levantar la voz, pero lo que no tiene es el derecho a bloquear, porque eso le hace daño a la gente”.