La democracia no se celebra, se respeta

El 10 de octubre de 1982 Bolivia recuperó la democracia después de casi dos décadas de gobiernos militares. No fue un regalo. Fue el resultado de una sociedad que pagó con persecución, exilio, cárcel y vidas la posibilidad de volver a elegir a sus gobernantes.

Se ha celebrado siempre desde entonces, añadiendo matices en cada edición y hoy, no deja de ser una fecha que merece reflexión, pues desde luego la democracia no atraviesa su mejor momento independientemente de cuál es el país y cuál es su gobierno.

La democracia no consiste solamente en votar cada cierto número de años. Tampoco consiste únicamente en que una mayoría gane una elección. La democracia es un sistema de reglas, controles, derechos y equilibrios que deben funcionar incluso cuando resultan incómodos para quienes ejercen el poder.

Y ahí es donde Bolivia tiene motivos para preocuparse. El último Latinobarómetro acaba de mostrar que el apoyo a la democracia en Bolivia cayó de 47% en 2024 a 45% en la medición 2025-2026. El promedio latinoamericano llega apenas al 52%. Es decir, menos de la mitad de los bolivianos consultados considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. No es un dato ni mucho menos para celebrar.

Tampoco significa que la mayoría de los bolivianos quiera una dictadura. Significa algo más complejo y, quizá por eso, más peligroso: existe un desgaste de la confianza en el sistema y en las instituciones que lo sostienen.

A veces empiezan a deteriorarse mucho antes, cuando los ciudadanos dejan de creer que las instituciones sirven, cuando las mayorías creen que pueden hacer cualquier cosa porque ganaron una elección, cuando se entiende que bloquear es más útil que deliberar en una Asamblea

En cualquier caso, estamos en el terreno donde las democracias comienzan a deteriorarse. No necesariamente cuando aparece un dictador. Basta con justificar que el fin justifica los medios, o “no fijarse en procedimientos sino en el fondo” para que los nuevos marcos se acaben instalando.

A veces empiezan a deteriorarse mucho antes, cuando los ciudadanos dejan de creer que las instituciones sirven, cuando las mayorías creen que pueden hacer cualquier cosa porque ganaron una elección, cuando se entiende que bloquear es más útil que deliberar en una Asamblea que no representa a casi nadie, cuando los jueces son vistos como instrumentos del poder y cuando la transparencia deja de ser una obligación para convertirse en una molestia.

Bolivia debe tener especial cuidado con eso. En las últimas semanas hemos visto decisiones institucionales aceleradas, controversias sobre procedimientos, modificaciones legales hechas con una velocidad inusual y una discusión todavía pendiente sobre el vacío que afecta al Tribunal Constitucional. Justificar con el pasado reciente no ayuda a fortalecer la democracia, sino que más bien, la sigue erosionando.

El Parlamento legisla. El Ejecutivo gobierna. La Justicia juzga. El órgano electoral administra las elecciones. El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad. Cada poder tiene atribuciones y límites. No son obstáculos para gobernar. Son las garantías de que nadie gobierne por encima de la ley.

Tampoco puede haber democracia sin transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones, por qué se adoptan, cuánto cuestan y quién responde por ellas. La información pública no es una concesión del Gobierno de turno. Es una condición básica para que la sociedad pueda controlar a quienes administran recursos y ejercen poder en su nombre.

La desconfianza no se combate con discursos sobre la democracia. Se combate demostrando que las instituciones funcionan.

El 10 de octubre no debería ser solamente el día para recordar que recuperamos la democracia en 1982. Debería ser el día para recordar que también podemos perder calidad democrática sin que desaparezcan las elecciones.