Autonomía, la promesa permanente
Que el Gobierno asuma los prediarios y el bono de vacunación es correcto, pero no confundamos ordenar competencias con resolver la crisis de las gobernaciones. El verdadero debate sigue siendo fiscal
Hay algo paradójico en la política boliviana: celebramos como grandes conquistas y por triplicado cosas que, en cualquier Estado razonablemente organizado, deberían ser normales.
Esta semana el presidente Rodrigo Paz promulgó la llamada Ley de Retorno Económico, que dispone que el nivel central asuma desde 2026 el financiamiento de los prediarios y del funcionamiento del régimen penitenciario, mientras el Ministerio de Salud se hace cargo del bono de vacunación. Según el Gobierno, la medida permitirá liberar unos Bs 209,5 millones para las gobernaciones. Se anunció en julio, se festejó cada paso por las cámaras, incluso cuando se observó y se recortó, y finalmente ahora cuando se promulga. Ojalá no se pierda demasiado tiempo en reglamentaciones ni se convierta en un pleito quién paga qué y cómo, pues los perjudicados en el mientras tanto suelen ser los ciudadanos.
Es un tema que hay que saludar, claro, pero de ahí a considerarlo “histórico” va un trecho. Dejar de confiscar recursos a las gobernaciones es justicia, no una “transformación trascendental de la convivencia nacional que nos debe llevar al federalismo”.
Durante años, las gobernaciones han debido destinar recursos propios a obligaciones que no guardan relación directa con su razón de ser. El resultado ha sido bastante absurdo: mientras una gobernación necesita dinero para mantener caminos, atender hospitales, responder a emergencias o ejecutar proyectos productivos, una parte de sus recursos termina financiando competencias nacionales.
Ahora esas cargas vuelven al nivel central, perfecto, pero eso no es todavía autonomía: es ordenar las competencias para que la autonomía pueda empezar a funcionar.
Se ha generado una tendencia peligrosa a celebrar cada pequeño movimiento como si fuera la culminación de la transformación del Estado.
Se firma un acuerdo, se anuncia una mesa técnica, se promulga una ley, se libera una partida y todos celebran.
Mientras tanto, la discusión fundamental sigue esperando.
¿Cuánto dinero recauda Bolivia? ¿Quién lo administra? ¿Cuánto corresponde realmente a cada nivel de gobierno? ¿Qué competencias tiene cada uno? ¿Cuánto cuesta ejercerlas? ¿Quién responde cuando no se cumplen?
Ahí está el meollo.
El 50/50 tiene un nombre absurdo – no hay posibilidad ni voluntad de ceder el 50% de los ingresos ni asumir el 50% de las responsabilidades – que responde a empecinamientos políticos que, en cualquier caso, no son importantes. Detrás de esa consigna existe una demanda legítima: que las regiones tengan una participación mucho mayor y previsible en los recursos que genera el país.
Los gobernadores ya plantearon que el nuevo esquema comience con el PGE 2027 y que las gobernaciones reciban un 15% de la coparticipación tributaria, sin reducir las transferencias de municipios ni universidades.
Esa es la discusión que debería ocupar al Gobierno y a la Asamblea.
Una gobernación no puede planificar si cada año tiene que esperar cuánto le llegará del centro. No puede contratar, invertir y proyectar infraestructura con incertidumbre permanente. No puede responder a una emergencia cuando buena parte de sus recursos están comprometidos en obligaciones que no le corresponden. Y tampoco puede exigírsele resultados si no tiene recursos suficientes para ejercer las competencias que la Constitución le asigna.
Si el Ejecutivo quiere realmente terminar con el centralismo, como ha prometido, tendrá que aceptar que la transformación no consiste solamente en devolver algunas obligaciones. Consiste en repartir poder y recursos.
Bolivia lleva demasiados años hablando de autonomías mientras mantiene un sistema profundamente centralizado en materia financiera, pero la verdadera autonomía comenzará cuando las gobernaciones dejen de pedir permiso para administrar su futuro.
