Diésel caro, al menos con factura clara
Eliminar la subvención podía ser necesario. Lo que el Gobierno no puede pretender es que la sociedad pague cualquier precio sin exigir explicaciones sobre cuánto cuesta realmente importar, transportar y distribuir el combustible
El Gobierno decidió eliminar definitivamente la subvención al diésel y fijó inicialmente el litro en Bs 17,95, frente a los Bs 9,80 que pagaban los consumidores minoristas. El incremento es de 83,2% y el nuevo precio ya no será fijo: estará vinculado al costo de importación, a referencias internacionales y al propio precio del dólar en Bolivia, que solo desde el anuncio ya subió un boliviano más.
No vamos a defender una subvención que durante años generó distorsiones, contrabando y un costo fiscal difícil de sostener, pero eliminar una distorsión no significa que debamos aceptar sin preguntas cualquier precio que determine el Estado, porque ahora comienza la verdadera discusión.
¿Los Bs 17,95 corresponden solamente al costo inevitable del combustible o también estamos pagando las ineficiencias de la cadena de abastecimiento?
La pregunta es legítima porque el propio mecanismo aprobado por el Gobierno incorpora al precio elementos como el costo del producto importado, transporte, almacenamiento, inspección, financiamiento y tributos.
¿Cuánto cuesta el diésel en origen? ¿Cuánto cuesta traerlo hasta Bolivia? ¿Cuánto se paga por transporte, seguros, almacenamiento y financiamiento? ¿Cuánto representan los impuestos? ¿Qué márgenes existen entre la importación y el surtidor? ¿Cuánto cuestan las demoras y las compras de emergencia? ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene el país?
Si el ciudadano va a pagar el precio internacional, tiene derecho a conocer también el precio boliviano completo. No basta con decir que el mercado internacional es caro.
Bolivia es un país mediterráneo y eso encarece su abastecimiento. Es cierto. Pero la mediterraneidad no puede convertirse en una explicación universal para cualquier diferencia de precio. Hay que separar cuidadosamente lo inevitable de lo ineficiente.
En ese contexto, hay que tener en cuenta que el diésel no es solamente un combustible. Es un insumo productivo. Mueve tractores, camiones, maquinaria agrícola, construcción, minería y buena parte de la logística nacional. Por eso un aumento del 83% no puede mirarse solamente desde el surtidor. Llegará al transporte. Del transporte pasará a los alimentos. De los alimentos, a los hogares. Y de los costos productivos, al empleo y a la inversión.
No todo subirá 83%, naturalmente. El combustible representa solamente una parte de los costos. El impacto dependerá de cada actividad, de su capacidad para trasladar precios y de cuánto diésel utilice. Pero pretender que el ajuste terminará en la estación de servicio sería desconocer cómo funciona una economía.
El pequeño productor será uno de los más expuestos. Una gran empresa puede negociar, financiarse, reorganizar rutas o absorber temporalmente parte del incremento. El agricultor pequeño, el transportista independiente o el comerciante que trabaja con márgenes mínimos tiene mucho menos espacio.
También resulta difícil no preguntarse por la lógica de la medida cuando el diésel —el combustible que mueve la producción— queda sometido a precio de mercado mientras la gasolina mantiene por ahora otro tratamiento. Si se trata de ordenar las cuentas públicas, habrá que explicar por qué se prioriza de esta manera y cuál es la política integral para todos los combustibles.
El Gobierno dice que la eliminación permitirá garantizar el abastecimiento permanente y redirigir recursos hacia inversión y medidas sociales. Pues bien: habrá que comprobarlo. Si desaparecen las filas, será una mejora importante, pero no será suficiente.
Si el Estado deja de gastar en subvención, pero las familias terminan gastando mucho más en comida, transporte y servicios, alguien tendrá que explicar dónde estuvo el beneficio social del ajuste.
El Gobierno está sometido a una presión enorme. Tiene un déficit gigantesco, reservas debilitadas, compromisos con el FMI y una economía que necesita dólares. Es comprensible que busque medidas rápidas, pero la urgencia no puede ser una excusa para gobernar sin transparencia, y menos todavía cuando el propio Gobierno arrastra un problema serio de credibilidad.
