¿Una constituyente de tapadillo?
Antes de abordar una reforma parcial, los promotores deben explicar al pueblo qué problema quieren resolver, qué modelo de Estado quieren construir y quién hará cumplir
Bolivia vuelve a hablar de cambiar su Constitución. La Asamblea Legislativa ha comenzado a explorar una reforma parcial y, como suele ocurrir en estos casos, el debate corre el riesgo de reducirse rápidamente a una lista de artículos que conviene modificar. Un artículo por aquí, otro por allá; una competencia que se amplía, otra que se restringe; una institución que se rediseña. Y, sin embargo, una Constitución no es un reglamento que se pueda parchear según las necesidades de cada coyuntura.
Una reciente entrevista con el magistrado Boris Arias dejó una reflexión que debería preceder a cualquier iniciativa de reforma: ¿de qué sirve escribir nuevas reglas si las instituciones encargadas de hacerlas cumplir no tienen capacidad para hacerlo?
El Tribunal Constitucional funciona hoy con una composición incompleta, arrastra alrededor de 20.000 causas y enfrenta restricciones para resolver en el fondo algunos de los asuntos constitucionales más sensibles. Al mismo tiempo, existen problemas de jurisprudencia contradictoria, procesos judiciales que tardan años y competencias institucionales cuya delimitación todavía genera conflictos.
No se trata de un problema exclusivo del Tribunal. Es, en realidad, una fotografía del Estado boliviano, por eso nos genera dudas la manera en que se está planteando esta reforma constitucional parcial. No porque Bolivia no necesite discutir su Constitución. Probablemente necesita hacerlo, pero precisamente por su importancia, no debería hacerse de espaldas a la sociedad ni como una operación legislativa de corto plazo. La Asamblea tiene legalidad formal, pero todo el mundo sabe cómo se conformaron estas bancadas.
Una reforma constitucional debería partir de un diagnóstico. ¿Qué ha funcionado mal desde 2009? ¿Qué instituciones han cumplido su cometido y cuáles no? ¿Qué problemas nacen del texto constitucional y cuáles provienen de leyes deficientes, malas prácticas políticas o instituciones debilitadas? ¿Qué queremos hacer con la justicia, con las autonomías, con el régimen electoral, con la organización territorial, con los órganos del Estado? Son preguntas demasiado importantes para resolverlas únicamente entre bancadas.
No parece razonable modificar la Constitución por partes, desde la urgencia política del momento, sin una discusión amplia sobre el país que queremos construir
Bolivia acaba de atravesar un ciclo político complejo e iba a enfrentar, aparentemente, una nueva etapa de reorganización institucional que de momento está dejando mucho que desear. En ese contexto, modificar la Constitución puede parecer una herramienta fácil para resolver problemas inmediatos de poder, pero una Constitución escrita para solucionar la coyuntura de un Gobierno, de una Asamblea o de una mayoría circunstancial está condenada a producir nuevos problemas cuando cambie la correlación política.
La Constitución debe hacer exactamente lo contrario: poner límites al poder, garantizar derechos y establecer reglas suficientemente sólidas para que funcionen incluso cuando gobiernen quienes no nos gustan.
Eso exige también discutir el modelo institucional. El caso del TCP resulta ilustrativo. Si el país considera necesario que exista un Tribunal Constitucional fuerte, independiente y capaz de controlar a los poderes públicos, entonces debe garantizar su composición, sus mecanismos de elección, sus recursos, sus procedimientos y su capacidad de producir jurisprudencia coherente. Si queremos otro modelo, debemos decirlo abiertamente. Lo mismo vale para las autonomías, la justicia ordinaria, la Asamblea Legislativa o cualquier otra institución, pero no debe ser solución meterlo en un referéndum al todo o nada.
Y es que una reforma parcial tiene procedimientos constitucionales específicos y no debería utilizarse para evitar una deliberación más profunda cuando los cambios propuestos afectan al equilibrio general del Estado. El debate debe ser público, transparente y suficientemente amplio. No basta con que los parlamentarios lleguen a un acuerdo: la Constitución pertenece a todos los bolivianos.
No se trata de defender una Constitución intocable. Las constituciones no son piezas de museo. Deben poder reformarse cuando la realidad demuestra que determinadas reglas no funcionan o cuando el país necesita nuevas garantías. Esto incluye consenso ciudadano, más que partidario, porque intentar una imposición aprovechando una coyuntura concreta puede acabar por violentar de nuevo la propia convivencia.
