Viacha: la verdad no puede esperar

La tragedia ocurrida en el regimiento militar de Viacha no puede quedar reducida a una cifra de fallecidos y heridos. Detrás de cada número hay una familia que espera, un joven que intenta recuperarse, una persona que quizá ya no volverá a casa y, sobre todo, una sociedad que necesita saber qué ocurrió.

Hasta este lunes, siete personas habían fallecido y otras siete permanecían desaparecidas. Un total de 84 pacientes fueron atendidos en distintos centros de salud, 53 ya recibieron el alta y 31 continúan internados. Entre ellos hay efectivos militares, policías y civiles, incluidos una niña y un adolescente que han debido pasar por intervenciones quirúrgicas. Son números que todavía pueden cambiar. Y precisamente por eso la primera obligación de las autoridades es actuar con máxima sensibilidad y transparencia.

Las familias de los desaparecidos necesitan información cierta. Las familias de los fallecidos necesitan acompañamiento. Los heridos necesitan atención y seguimiento. Y la sociedad necesita conocer las circunstancias en las que se produjo una explosión de esta magnitud dentro de una instalación militar.

No es suficiente con establecer que hubo una explosión. Hay que determinar qué había en el lugar, cómo estaba almacenado, quién tenía responsabilidad sobre ese material, qué protocolos existían, si se cumplieron las normas de seguridad y qué circunstancias concretas desencadenaron el desastre. Y habrá que hacerlo sin importar quién quede comprometido.

Ese último punto es especialmente importante. Una investigación seria no puede convertirse en una disputa entre gestiones de gobierno, menos cuando involucra a una institución que nada tiene que ver – o debería – con la lucha por el poder. Si hubo decisiones tomadas por autoridades anteriores, habrá que establecerlo. Si hubo omisiones de la actual administración, también. Al final, es una cuestión de continuidad militar y nadie más debería ser responsable de cuestione técnicas y operativas en sus dependencias.

La investigación debe ser transparente y las familias deben recibir información y acompañamiento antes que cualquier especulación política.

En medio de la tragedia, circulan rumores, versiones divergentes y por supuesto, mucha manipulación e intentos de desinformar, siempre con el mismo objetivo: polarizar hasta romper. Hay rumores sobre qué y quién estaba guardando material pirotécnico y antidisturbios en un lugar estratégico para cualquier plan de desestabilizar el país como Viacha, y hay burdos intentos de repartir responsabilidades en el pasado utilizando fechas que son más bien símbolos, como “2019”.

Ahí está una de las mayores responsabilidades de las autoridades: no dejar un vacío de información que termine siendo ocupado por la especulación.

Cuando el Estado informa tarde, poco o de manera contradictoria, las redes sociales llenan el espacio. Y una tragedia de esta magnitud puede convertirse entonces en el origen de una grieta política mucho mayor que el propio accidente. Viacha necesita verdad, no relatos construidos según conveniencias ni intentos de proteger a nadie.

Si efectivamente existía material que no debía estar almacenado allí, habrá que explicarlo. Si se almacenaba conforme a protocolos y normas vigentes, habrá que demostrarlo. Si hubo negligencia, deberá establecerse quién la cometió. Y si las versiones que circulan son falsas, el Gobierno también tiene la obligación de desmentirlas con información verificable.

La transparencia no consiste en adelantar conclusiones. Consiste en poner a disposición de la sociedad los elementos necesarios para que las conclusiones puedan ser creíbles.

Por eso resulta fundamental preservar registros, inventarios, documentos, cámaras, informes técnicos y cualquier otra evidencia que permita reconstruir lo ocurrido. La investigación debe contar con especialistas y, en la medida de lo posible, con mecanismos que garanticen su independencia respecto de quienes eventualmente pudieran resultar involucrados.

Lo central son las familias. No puede ocurrir que una madre, un padre o un hermano conozca por redes sociales que su familiar podría estar entre los desaparecidos. No puede ser que quienes sobrevivieron a la explosión tengan que peregrinar entre hospitales para saber dónde está un ser querido. No puede haber burocracia cuando lo que está en juego es la vida y la dignidad de las personas.

El Estado tiene la obligación de acompañar a esas familias ahora, no cuando termine la investigación, aunque deberá hacerlo también después, porque los sobrevivientes necesitarán atención médica, rehabilitación y probablemente apoyo psicológico. Los familiares de los fallecidos necesitarán respuestas y reparación. Los desaparecidos necesitan una búsqueda que no se detenga hasta esclarecer qué ocurrió.

Viacha no puede convertirse en otro episodio sobre el que, con el paso de las semanas, solamente queden versiones enfrentadas, como en el caso del avión en El Alto. Bolivia necesita saber la verdad.