Combustibles: ni dogmas ni falsas soluciones
La subvención generalizada es injusta e insostenible, pero retirarla de golpe tampoco es una política social. Bolivia necesita discutir una transición hacia precios reales, con compensaciones suficientes y focalizadas
Durante demasiado tiempo Bolivia ha tratado la subvención a los combustibles como un derecho adquirido y no como una política pública que debe evaluarse por sus resultados. Sus resultados son cada vez más difíciles de defender, aunque no hay duda de que alrededor de este sistema se han construido muchos proyectos y fortunas, hoy tan demonizados.
Subvencionar por igual cada litro de gasolina o diésel que consume un ciudadano, una empresa, un productor agrícola o un propietario de un vehículo de alta gama nunca fue una buena política social. Quien más combustible consume recibe, en términos absolutos, un mayor beneficio. Y una parte importante de ese dinero termina alimentando el contrabando y los mercados paralelos.
La subvención generalizada tiene un problema evidente: no distingue entre quien necesita ayuda y quien simplemente se beneficia de un precio artificialmente bajo.
La propuesta del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de eliminar la subvención generalizada y reemplazarla por compensaciones focalizadas merece ser discutida. Pero también sin ingenuidad: retirarla para todos, de un día para otro, sería un golpe considerable para los hogares de menores ingresos. El precio del combustible no se queda en el surtidor. Se traslada al transporte, los alimentos, la producción, los servicios y prácticamente toda la economía.
Si el Estado pretende compensar a los sectores afectados, debe hacerlo de verdad. Un bono de monto reducido no puede presentarse como una política integral de protección social. Las ayudas planteadas bajo el denominado Bono Pepe pueden servir como alivio puntual, pero difícilmente compensarán una modificación estructural de los costos de transporte y de la canasta familiar.
La transición necesita números, no consignas. ¿Cuánto aumenta el transporte? ¿Cuánto aumenta una canasta básica? ¿Cuánto pierde una familia de ingresos bajos? ¿Cuánto necesita recibir y durante cuánto tiempo? ¿Qué sectores productivos requieren una transición diferenciada?
También hay una contradicción que conviene enfrentar con honestidad. Durante años se ha sostenido que la subvención permite mantener bajos los precios para proteger al consumidor. Pero esa protección nunca llegó de manera equivalente al trabajador en forma de mejores salarios. La existencia de combustibles baratos no ha significado necesariamente mejores ingresos ni mayor productividad.
El subsidio tampoco ha conseguido construir una economía más competitiva. Al contrario, ha generado distorsiones, incentivos perversos, contrabando y una creciente presión sobre las finanzas públicas, pero si se pretende pasar a un mercado liberalizado, habrá que asumir también sus consecuencias.
No tiene demasiado sentido exigir al productor que pague el precio internacional del combustible y, al mismo tiempo, pretender mantener artificialmente protegido al consumidor mediante mecanismos permanentes. Si el precio deja de estar subsidiado, la economía tendrá que adaptarse.
Eso significa revisar costos, productividad, salarios, transporte, impuestos y competencia.
Y abrir una discusión incómoda: ¿qué parte del aumento de costos debe trasladarse al consumidor y qué parte deben absorber las empresas, el Estado y los distintos eslabones de la cadena?
La propuesta de utilizar herramientas como la tercera placa y el B-Sisa para identificar vehículos, medir recorridos y estimar consumos puede ser útil para focalizar la ayuda. La tecnología permite saber quién consume, cuánto consume y para qué actividad. Pero una aplicación no resolverá por sí sola un problema económico y político.
Se necesita una autoridad capaz de controlar el sistema, datos confiables, mecanismos contra el fraude y una política que establezca quién tiene derecho a recibir apoyo y durante cuánto tiempo.
La apertura a operadores privados también puede ser parte de la solución al abastecimiento. Si empresas privadas pueden importar, almacenar y distribuir combustibles, pueden incorporarse capacidad financiera, logística y nuevos proveedores, pero liberalizar no significa abandonar la regulación.
El Estado debe garantizar competencia, calidad, seguridad, transparencia y abastecimiento, y evitar que el monopolio público sea sustituido por posiciones dominantes privadas. Bolivia está ante una decisión de fondo.
La subvención generalizada ya no parece sostenible ni justa. Pero desmontarla sin una transición seria sería igualmente irresponsable. El objetivo no debería ser simplemente gastar menos en subvenciones, sino construir un sistema energético y económico más racional.
Para eso necesitamos dejar de discutir desde los dogmas.
Ni toda subvención es mala por definición ni todo precio de mercado es bueno por definición. Lo que importa es para qué se utiliza, quién se beneficia, cuánto cuesta y qué efectos produce.
Si el Estado decide subsidiar, debe subsidiar a quien realmente lo necesita.
Si decide liberalizar, debe hacerlo con reglas claras y protección temporal para quienes no pueden absorber el impacto.
Y si decide abrir el mercado, debe garantizar que la competencia sea real.
La discusión sobre los combustibles debería ser, en definitiva, una discusión sobre qué modelo económico queremos para Bolivia.
El país no puede seguir gastando recursos escasos para mantener indefinidamente un precio artificial que beneficia también a quienes no necesitan protección. Pero tampoco puede pretender que millones de familias absorban de golpe el costo de corregir una distorsión acumulada durante décadas.
La subvención generalizada debe terminar. La protección social, no.
La diferencia entre ambas cosas es precisamente la política que todavía necesitamos discutir.
