Las urnas son la salida, no el problema
Sea mediante un referéndum o mediante un adelanto electoral, volver a consultar a los ciudadanos es mucho menos peligroso que seguir gobernando una crisis de legitimidad cada vez más profunda
La crisis política boliviana ha llegado a un punto en el que ya no basta con administrar el conflicto. Hay que encontrar una salida. El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta un deterioro acelerado de la confianza que no puede explicarse solamente por las dificultades económicas ni por los errores de gestión. Existe también una razón política de fondo: buena parte de las promesas que llevaron al actual presidente al poder fueron abandonadas, matizadas o directamente contradichas una vez asumido el Gobierno, y eso tiene consecuencias.
En democracia, los gobiernos pueden equivocarse, cambiar de rumbo y adoptar decisiones distintas de las anunciadas durante una campaña. Lo que no pueden esperar es que la ciudadanía permanezca indiferente cuando percibe que el mandato recibido en las urnas ha sido sustancialmente alterado.
Hay además un problema todavía más profundo. Las últimas elecciones generales dejaron una representación parlamentaria cuya legitimidad política puede ser cuestionada desde otro ángulo. No porque los votos emitidos no cuenten, sino porque importantes opciones electorales quedaron fuera de la competencia antes de que los ciudadanos pudieran decidir sobre ellas.
La democracia no puede medirse como una partida de gasto corriente. Una elección puede costar millones. Una crisis de legitimidad puede costarle muchísimo más a un país
Jaime Dunn no pudo participar. Evo Morales y su entorno tampoco. Las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y las controversias jurídicas que rodearon sus candidaturas terminaron dejando fuera del proceso electoral a sectores que, nos guste o no, tienen un peso significativo en la sociedad boliviana.
No se trata de afirmar que aquellos candidatos necesariamente habrían ganado. Nadie puede saberlo. Se trata de reconocer algo más elemental: cuando opciones con capacidad de movilización electoral quedan fuera de una elección, el resultado puede ser legal y, al mismo tiempo, arrastrar un problema político de representatividad, y ese problema importa especialmente ahora, cuando el país necesita tomar decisiones de fondo.
Las reformas económicas, institucionales, constitucionales, fiscales y energéticas no pueden construirse únicamente sobre mayorías parlamentarias en cuya composición una parte importante de la sociedad siente que no está reflejada.
La democracia no consiste solamente en contar votos. También consiste en que los ciudadanos sientan que tuvieron la posibilidad efectiva de escoger entre las alternativas que existían.
Por eso, en las circunstancias actuales, cualquier salida que vuelva a poner la decisión en manos de los ciudadanos merece ser considerada seriamente. Puede ser un referéndum para resolver una cuestión concreta y de fondo que acarree consecuencias políticas. Puede ser un adelanto electoral si la renuncia presidencial abre constitucionalmente esa posibilidad. Son caminos diferentes y deberán evaluarse con rigor jurídico y político, pero ambos tienen una virtud fundamental: devuelven la palabra al soberano, y eso es precisamente lo que Bolivia necesita.
Hay quienes advierten que convocar nuevamente a las urnas sería “demasiado caro”. El argumento no resiste una discusión democrática. Por supuesto que una elección cuesta dinero. También cuesta dinero mantener una Asamblea, financiar una administración pública, organizar un referéndum o sostener durante meses una crisis política que paraliza decisiones económicas y deteriora la confianza.
La democracia no puede medirse como una partida de gasto corriente. Una elección puede costar millones. Una crisis de legitimidad puede costarle muchísimo más a un país. Puede costarle inversiones, empleos, crecimiento, estabilidad, credibilidad institucional y, sobre todo, convivencia. Cuando la ciudadanía deja de creer que las instituciones representan su voluntad, el problema deja de ser contable.
No hay presupuesto suficientemente grande para comprar confianza una vez que esta se ha perdido. Por eso tampoco deberíamos tener miedo a las urnas. Lo verdaderamente peligroso sería intentar resolver esta crisis exclusivamente mediante acuerdos entre dirigentes, negociaciones parlamentarias o decisiones administrativas. Esas herramientas son necesarias para gobernar, pero no sustituyen el veredicto ciudadano cuando lo que está en discusión es la propia legitimidad del rumbo político.
Bolivia necesita recomponer confianzas. Y la confianza no se decreta.
