YPFB: investigar sí, atajos no
La intervención extraordinaria debe servir para descubrir qué falló en la estatal petrolera y establecer responsabilidades atendiendo siempre al mandato constitucional
El Gobierno ha decidido “intervenir” Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La medida puede ser necesaria pero la lógica de la decisión es difícil de entender: YPFB es una empresa estatal, forma parte de la estructura económica del Estado y está bajo tuición del Gobierno, que nombra a su presidente de forma interina sin pasar por la Asamblea. Intervenirla, por tanto, significa que el Gobierno interviene una institución que ya está bajo su responsabilidad.
La explicación oficial es razonable: existen deficiencias que afectan el abastecimiento de combustibles y la seguridad energética, por lo que corresponde revisar las operaciones, transparentar la cadena logística, fortalecer la trazabilidad y determinar responsabilidades. El Decreto Supremo 5697 establece una intervención de 180 días, prorrogable excepcionalmente por otros 90, y crea una comisión integrada por representantes de cinco ministerios y del Viceministerio de Transparencia. Teniendo en cuenta que van 10 meses de gestión y tres presidentes, el asunto va bastante lento.
La comisión tendrá acceso a la información de YPFB, podrá realizar auditorías, inspecciones y evaluaciones especializadas, contratar peritos y consultores y recomendar remociones o acciones legales. En 30 días deberá presentar un informe inicial.
Hasta ahí, poco que objetar más allá de la lentitud. Si hubo irregularidades, deben conocerse. Si existen redes de contrabando o desvío de combustibles, deben ser desarticuladas. Si hubo negligencia, corrupción o mala gestión, los responsables deben responder. Y si los sistemas de control de YPFB son insuficientes, deben ser modificados.
Pero la intervención no puede convertirse en un simple cambio de ventanilla.
La pregunta fundamental es qué resultados diferentes puede producir una comisión integrada por funcionarios del mismo Gobierno que hasta ahora tenía la responsabilidad de conducir y controlar la empresa. Si el problema es de gestión, habrá que identificar a los responsables de esa gestión. Si es estructural, habrá que explicar qué estructura debe cambiar. Y si es político, habrá que asumir también esa responsabilidad.
El asunto adquiere mayor importancia cuando la institución y el gobierno está en el debate de qué hacer con la comercialización de los combustibles, competencia para la que la Constitución Política le entrega toda la responsabilidad.
Bolivia puede perfectamente discutir si el modelo actual de YPFB es eficiente, si la empresa debe transformarse, si necesita socios, si determinadas actividades deben ser ejecutadas por privados o si es necesario modificar la forma en que participa en la cadena de hidrocarburos. De hecho, probablemente ese debate sea inevitable ante la crisis energética y financiera que atraviesa el país, pero una cosa es reformar YPFB y otra es utilizar una intervención administrativa para hacer aquello que requiere una modificación del marco legal o constitucional.
Si el Gobierno considera que la estructura constitucional de los hidrocarburos ya no responde a las necesidades del país, tiene la posibilidad de plantearlo abiertamente. Puede promover las reformas que correspondan, someterlas al debate político y, cuando sea necesario, a los mecanismos de aprobación previstos por la propia Constitución. Lo que no parece razonable es utilizar una comisión interventora para llegar al mismo destino por otra puerta.
El país necesita una YPFB eficiente, transparente y capaz de garantizar su función estratégica. Si para conseguirlo hay que reformarla, habrá que hacerlo. Si hay que profesionalizarla – como ya exigía el decreto de nacionalización - habrá que hacerlo. Si hay que cambiar sus sistemas de control, también, pero si hay que cambiar las reglas, habrá que cambiar las reglas.
La crisis energética no exime al Gobierno de respetar la Constitución. Al contrario: cuanto más urgente sea la situación, mayor debe ser la claridad institucional.
Investigar no es reformar. Auditar no es privatizar. Intervenir no es tener carta blanca. El Gobierno tiene una oportunidad para demostrar que esta medida no es una maniobra para ganar tiempo ni una forma de trasladar responsabilidades.
Que investigue, que transparente y que corrija.
Y si quiere cambiar YPFB, que lo diga y que dé la batalla donde corresponde.
Porque para los problemas de fondo no existen atajos
