Invertir en Bolivia, sin vender Bolivia

El día de hoy llegará – así se anunció - una nueva Ley de Inversiones al Parlamento, lo que coloca sobre la mesa una de las normas más importantes que puede aprobar Bolivia en esta etapa de crisis. Después de años de caída de la inversión, agotamiento del ciclo gasífero, escasez de divisas y deterioro de la capacidad productiva, es evidente que el país necesita capital, tecnología, empresas y nuevos proyectos.

Pero precisamente porque la necesidad es grande, también debe ser grande la prudencia.

Bolivia no puede permitirse que la urgencia se convierta en una excusa para aprobar cualquier cosa. Tampoco puede repetir el error de creer que todo capital extranjero es bueno por definición o que cualquier condición resulta aceptable si a cambio llega dinero fresco.

No funciona así.

Los inversores no vienen por caridad ni por solidaridad con Bolivia. Vienen porque encuentran oportunidades y esperan obtener una rentabilidad. Eso no es malo; es la naturaleza del negocio. Lo que corresponde al Estado es establecer las condiciones para que esa rentabilidad sea compatible con el interés nacional, genere empleo, incorpore tecnología, amplíe la producción y deje capacidades instaladas en el país.

Por eso la primera exigencia para esta ley debe ser la transparencia.

No sería razonable que una norma de semejante trascendencia llegue a la Asamblea como un paquete cerrado, redactado entre funcionarios y asesores, para después pedir a los legisladores que lo aprueben con premura bajo el argumento de que Bolivia necesita inversión urgente.

Necesitamos inversión, sí. Pero también necesitamos saber qué se está ofreciendo, a quién, en qué sectores, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

La experiencia debería haber enseñado algo. Los ciclos de apertura y cierre, de nacionalizaciones y privatizaciones, de grandes promesas y resultados modestos, han dejado demasiadas lecciones como para repetirlas sin discusión.

Tampoco sería sensato convertir la inversión extranjera en una cuestión ideológica. Bolivia necesita socios de todas partes del mundo y debe tener relaciones económicas abiertas con todos quienes quieran invertir y producir respetando nuestras leyes. Precisamente por eso conviene evitar nuevas dependencias. No necesitamos cambiar una dependencia por otra.

Bolivia debe abrir las puertas al capital, pero no entregar las llaves. Ninguna inversión extranjera sustituirá el esfuerzo de los bolivianos por construir un país productivo y confiable

Y hay otro asunto que merece una discusión mucho más profunda: nuestros propios recursos. El ahorro acumulado de los trabajadores bolivianos constituye un patrimonio extraordinariamente importante. El Fondo de Pensiones no puede convertirse en una caja de emergencia para financiar el déficit público, pero tampoco debería quedar al margen de una estrategia nacional de desarrollo. Con las debidas garantías de seguridad, rentabilidad, independencia técnica y protección de los aportantes, corresponde discutir cómo una parte de ese enorme ahorro puede contribuir a financiar proyectos productivos nacionales.

No para regalar dinero. No para financiar empresas inviables. Mucho menos para utilizar los fondos de los trabajadores con fines políticos.

Sí para preguntarnos por qué un país que necesita capital no puede movilizar inteligentemente una parte de sus propios recursos hacia inversiones productivas que generen empleo y riqueza. La inversión extranjera debe complementar ese esfuerzo, no sustituirlo.

Porque tampoco debemos engañarnos: ninguna ley traerá por sí sola una nueva Bolivia. El capital puede construir una carretera, una planta, una mina, un proyecto energético o una industria. Pero no puede sustituir instituciones débiles, una Justicia que no funciona, una burocracia ineficiente, una educación deficiente o una política económica sin rumbo.

Tampoco puede reemplazar a los empresarios bolivianos, a los trabajadores, a los productores, a las universidades ni a las regiones. El país debe abrir sus puertas, pero no entregar las llaves.

La futura Ley de Inversiones puede ser una oportunidad extraordinaria para modernizar Bolivia si consigue algo más difícil que atraer capital: generar confianza. Y esa confianza no se construye ofreciendo ventajas ilimitadas, sino garantizando reglas claras, seguridad jurídica, competencia, transparencia y respeto por el interés público.

Hay que atraer inversión, sí. Hay que competir por ella, también. Pero debemos hacerlo desde la dignidad de un país que sabe lo que tiene, lo que necesita y lo que está dispuesto a negociar, porque nadie vendrá a salvarnos.

Los bolivianos tendremos que hacer el esfuerzo principal. El capital extranjero puede ayudarnos a avanzar más rápido, pero el proyecto de país tiene que ser nuestro.