Los tiempos de la “nueva” autonomía
El entendimiento alcanzado entre el Gobierno y las nueve gobernaciones abre una oportunidad que Bolivia lleva demasiados años esperando, pero debe convertirse en leyes, recursos y competencias reales.
En política hay acuerdos que sirven para ganar tiempo y acuerdos que pueden cambiar el rumbo de un país. El alcanzado esta semana entre el Gobierno nacional y los nueve gobernadores tiene el potencial de pertenecer a la segunda categoría. No porque resuelva de inmediato los problemas financieros de las regiones o porque inaugure automáticamente un nuevo modelo de Estado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, parece existir un consenso básico sobre la necesidad de corregir una de las grandes asignaturas pendientes de Bolivia: la construcción efectiva de las autonomías.
Conviene, sin embargo, administrar el entusiasmo. Las declaraciones grandilocuentes nunca sustituyen a las reformas. Hablar de "refundación" o de un nuevo modelo puede resultar atractivo desde el punto de vista político, pero la experiencia boliviana aconseja prudencia. El país acumula demasiados pactos, demasiadas comisiones y demasiadas promesas que terminaron diluyéndose entre la burocracia, las disputas partidarias o la falta de voluntad para asumir los costos de las transformaciones.
Esta vez, sin embargo, hay elementos que permiten mirar el acuerdo con cierto optimismo.
El documento reconoce la necesidad de revisar el sistema de financiamiento territorial, de incorporar a las gobernaciones en nuevas fuentes de coparticipación, de devolver capacidad de decisión sobre el uso de los recursos propios y de replantear una Ley Marco de Autonomías que, durante años, terminó limitando buena parte del espíritu con el que fue concebida la Constitución.
Bolivia ya perdió demasiado tiempo discutiendo cómo debería funcionar el Estado autonómico; ha llegado la hora de convertir los acuerdos en competencias, recursos y decisiones concretas.
No son asuntos menores. Desde hace más de una década, las gobernaciones han administrado competencias crecientes con recursos decrecientes y escaso margen de decisión. El resultado está a la vista: dificultades para sostener servicios esenciales, inversiones paralizadas y una dependencia permanente del nivel central que contradice el propio concepto de autonomía.
Que exista un acuerdo político para revisar ese modelo merece ser saludado.
También resulta relevante que el debate haya dejado de centrarse únicamente en el reparto de recursos para incorporar la discusión sobre competencias, responsabilidad fiscal y nuevos mecanismos de financiamiento. Una autonomía madura no consiste simplemente en recibir más dinero, sino en administrar mejor, asumir responsabilidades y disponer de instrumentos para impulsar el desarrollo desde los territorios.
Pero precisamente por la importancia de lo acordado, el tiempo empieza a correr desde ahora.
Quedan reformas legislativas complejas, consensos que construir y decisiones que inevitablemente encontrarán resistencias. Habrá que modificar normas, redefinir dominios tributarios, establecer mecanismos de alivio financiero y encontrar un equilibrio entre solidaridad nacional y autonomía regional. Nada de eso será sencillo.
Además, la coyuntura económica no concede demasiado margen para las demoras. Las gobernaciones necesitan respuestas concretas, especialmente aquellas que arrastran años de dificultades financieras tras la caída de los ingresos por hidrocarburos. Los compromisos sobre reprogramaciones o alivio fiscal deberán traducirse en instrumentos reales y en plazos verificables.
El mayor riesgo sería convertir este acuerdo en un nuevo ejercicio de expectativas incumplidas.
Bolivia ya perdió demasiado tiempo discutiendo cómo debería funcionar el Estado autonómico mientras la realidad avanzaba por otro camino. El calendario institucional no puede seguir acumulando diagnósticos sin ejecutar soluciones.
La autonomía nunca fue un fin en sí mismo. Es la posibilidad de que las decisiones se tomen más cerca de los ciudadanos, de que las regiones desarrollen sus potencialidades y de que el país encuentre un equilibrio más inteligente entre unidad y diversidad.
Ese sigue siendo el desafío y por eso corresponde reconocer el paso dado esta semana. No ocurre todos los días que Gobierno y gobernaciones sean capaces de construir una agenda compartida sobre cuestiones estructurales. Es una buena noticia para Bolivia.
Pero también corresponde recordar que los acuerdos adquieren valor únicamente cuando cambian la realidad. Lo firmado en Sucre puede convertirse en uno de los hitos más importantes del proceso autonómico o en un capítulo más de promesas postergadas. La diferencia dependerá, ahora, de la voluntad política para cumplir la palabra empeñada.
