YPFB y Petrobras: Los socios también se auditan

Bolivia necesita inversión. Necesita tecnología. Necesita recuperar con urgencia su capacidad de explorar y producir hidrocarburos. Sobre eso ya no debería existir discusión. Pero la necesidad no puede convertirse en desesperación, ni la urgencia en un cheque en blanco para cualquier empresa que se siente a negociar con el Estado.

El eventual “retorno” – si es que alguna vez se fue - de Petrobras a una participación más amplia en la cadena hidrocarburífera boliviana abre una oportunidad, pero también obliga a mirar con serenidad la historia. Y la historia, en cualquier negociación seria, importa tanto como las promesas de futuro.

Durante más de tres décadas, Petrobras fue el principal socio energético de Bolivia. Ambos países construyeron una relación estratégica que permitió abastecer al mercado brasileño y generar importantes ingresos para la economía nacional. Sería absurdo desconocer ese papel. Pero también sería irresponsable olvidar que esa relación estuvo marcada por compromisos que nunca llegaron a cumplirse, inversiones prometidas que no se materializaron y decisiones empresariales que favorecieron claramente los intereses brasileños por encima de los bolivianos.

La mejor negociación no es la que se firma más rápido, sino la que protege durante más tiempo el interés nacional

Las relaciones entre Estados y empresas no se construyen sobre la confianza ciega, sino sobre contratos equilibrados, obligaciones verificables y beneficios mutuos. La experiencia demuestra que cuando uno de esos elementos desaparece, el socio termina convirtiéndose en un actor dominante y el país anfitrión asume la mayor parte de los riesgos.

Bolivia no puede permitirse repetir ese error.

La crisis energética que atraviesa el país obliga a acelerar la exploración, desarrollar nuevos campos y recuperar reservas. Esa tarea exige capital privado y conocimiento técnico que hoy el Estado, por sí solo, difícilmente puede aportar con la velocidad requerida. Negarse por principio a cualquier participación internacional sería tan equivocado como aceptar cualquier condición por necesidad.

Lo verdaderamente importante no es quién invierte, sino bajo qué reglas.

Las futuras asociaciones deben incorporar mecanismos estrictos de cumplimiento, cronogramas obligatorios de inversión, auditorías permanentes, cláusulas de reversión frente al incumplimiento y absoluta transparencia para que la sociedad conozca qué compromisos asume cada parte. Bolivia ya aprendió que las promesas de inversión no sustituyen las inversiones reales.

También conviene abandonar ciertos mitos. Petrobras actúa, como cualquier gran corporación energética, defendiendo los intereses de sus accionistas. Esa es su obligación empresarial. La obligación del Estado boliviano consiste exactamente en lo contrario: defender el interés nacional. No corresponde esperar gestos de generosidad, sino negociar con inteligencia.

Eso implica fortalecer a YPFB. Una empresa estatal débil nunca negocia en igualdad de condiciones con compañías de dimensión internacional. La mejor defensa de los recursos naturales no consiste en cerrar las puertas al capital privado, sino en contar con instituciones técnicas, profesionales y financieramente sólidas capaces de exigir el cumplimiento de cada contrato.

La historia energética boliviana está llena de debates ideológicos entre nacionalización y privatización. Quizá haya llegado el momento de superar esa falsa dicotomía. Lo que realmente distingue una buena política energética de una mala no es el origen del capital, sino la calidad de los contratos, la capacidad de fiscalización del Estado y el beneficio efectivo que reciben los ciudadanos.

Bolivia necesita socios, no tutores. Empresas que inviertan, exploren, produzcan y obtengan una rentabilidad razonable, pero que también cumplan sus compromisos, respeten las reglas nacionales y contribuyan al desarrollo de una industria energética sostenible.

El país atraviesa una coyuntura demasiado delicada para improvisar. La necesidad de recuperar la producción de hidrocarburos es evidente, pero precisamente por eso las decisiones deben ser más rigurosas que nunca. La urgencia no justifica olvidar la experiencia.

Porque los recursos naturales pertenecen a varias generaciones de bolivianos. Los contratos podrán durar veinte o treinta años, pero sus consecuencias pueden sentirse durante muchas décadas más.