El oro y el agua
Detrás de estas actividades de minería ilegal existe planificación, financiamiento y una cadena de intereses que difícilmente puede calificarse de espontánea
El hallazgo de nuevos campamentos de minería ilegal en la zona alta de Tarija no es un episodio aislado. Es la confirmación de que una actividad clandestina comienza a consolidarse aprovechando la escasa presencia del Estado, la debilidad de los controles y el creciente valor del oro en los mercados internacionales. Lo que hoy aparece como una serie de intervenciones de la AJAM puede convertirse mañana en un problema estructural si no se actúa con decisión.
Las imágenes conocidas en los últimos días son reveladoras. No se trata de algunos buscadores artesanales trabajando de manera improvisada. Son campamentos organizados, con decenas de personas, maquinaria pesada, motobombas, combustible, vehículos y logística suficiente para operar durante largos periodos. Detrás de estas actividades existe planificación, financiamiento y una cadena de intereses que difícilmente puede calificarse de espontánea.
La minería puede formar parte del desarrollo, pero nunca al margen de la ley. Cuando la extracción ilegal pone en riesgo las fuentes de agua, lo que está en juego deja de ser un mineral: es el futuro de toda una región
Más preocupante aún resulta que estas operaciones se instalen sin derechos mineros, al margen de cualquier autorización y, según relatan los propios equipos de fiscalización, llegando incluso a intimidar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cuando el Estado pierde capacidad de ejercer autoridad sobre su territorio, el problema deja de ser únicamente ambiental para convertirse también en un desafío institucional.
Tarija posee un enorme patrimonio natural que constituye uno de sus principales activos para el futuro. La cuenca alta, sus ríos y las zonas de recarga hídrica abastecen de agua a miles de familias, sostienen la producción agrícola y garantizan el equilibrio de ecosistemas especialmente frágiles. Permitir actividades extractivas sin control en estos espacios significa poner en riesgo un recurso mucho más valioso que cualquier mineral: el agua.
La experiencia de otras regiones del país debería servir de advertencia. Allí donde la minería ilegal logra asentarse, rápidamente aparecen la contaminación por mercurio, la alteración de cauces, la deforestación, los conflictos sociales y una economía informal que termina desbordando la capacidad de respuesta de las instituciones. Corregir esos daños resulta infinitamente más costoso que prevenirlos.
Eso no significa cerrar la puerta a toda actividad minera. Bolivia es un país minero y Tarija también posee potencial geológico que merece ser estudiado y, cuando corresponda, aprovechado. Pero existe una diferencia fundamental entre desarrollar minería y tolerar minería ilegal. La primera exige planificación, licencias ambientales, consulta transparente, supervisión técnica y responsabilidad social. La segunda solo deja incertidumbre, contaminación y conflictos.
Las denuncias reiteradas de alcaldes, comunidades y autoridades locales no pueden seguir cayendo en saco roto. Tampoco puede normalizarse que las autorizaciones o los procesos administrativos se tramiten desde escritorios alejados de la realidad territorial. Las regiones deben participar activamente en las decisiones que afectan sus recursos naturales, especialmente cuando están en juego sus fuentes de agua y sus actividades productivas.
En ese contexto, también corresponde acelerar la reglamentación de la Ley Departamental de Actividad Minera. Una norma sin reglamento es una herramienta incompleta. Tarija necesita un marco claro que permita coordinar a la Gobernación, los municipios, la AJAM, las comunidades y las instancias ambientales para prevenir, controlar y sancionar las actividades irregulares antes de que se expandan.
La defensa del medio ambiente no puede quedar reducida a operativos esporádicos ni a comunicados oficiales después de cada intervención. Requiere presencia permanente del Estado, inteligencia para identificar redes ilegales y una política pública que combine desarrollo económico con protección de los recursos estratégicos.
El oro puede generar riqueza. El agua sostiene la vida. Entre ambos no debería existir ninguna duda sobre cuál merece mayor protección. Tarija aún está a tiempo de evitar que la minería ilegal escriba una historia que otras regiones del país conocen demasiado bien.
