Energía: del parche extractivo a la transición pendiente

Bolivia vuelve a debatir su futuro energético desde la urgencia y no desde la planificación. Tras el fracaso político del Decreto Supremo 5503, el Gobierno ha optado por recomponer las formas sin renunciar al fondo: asegurar el abastecimiento y reducir el peso fiscal de los combustibles en un contexto de caída sostenida de la producción de hidrocarburos. Los decretos 5516 y 5517 confirman esa hoja de ruta, pero también dejan al descubierto una vez más las limitaciones de un enfoque que sigue descansando, casi exclusivamente, en el extractivismo tradicional.

La fijación de nuevos precios internos y la apertura del mercado de importación de combustibles alivian al Tesoro, pero trasladan el costo directamente a la ciudadanía y al aparato productivo. El Estado deja de subvencionar, pero no reduce la dependencia. Se ajusta el precio, no el modelo. Y ese es, precisamente, el nudo del problema energético boliviano.

Tras el fracaso del DS 5503 y la aprobación de nuevas medidas de emergencia, Bolivia vuelve a enfrentar el debate energético desde la urgencia, sin resolver las debilidades estructurales de un modelo agotado

La declaración de Emergencia Nacional Energética y Social habilita medidas excepcionales que pueden resolver tensiones coyunturales de abastecimiento, pero también introduce riesgos evidentes. La liberalización acelerada de la importación de diésel, la flexibilización de controles y la suspensión de requisitos sensibles se justifican por la urgencia, pero colocan al país bajo una lupa internacional que Bolivia conoce bien. Gobernar desde la excepción no puede convertirse en norma permanente.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo insiste en reactivar la frontera hidrocarburífera como tabla de salvación. La presión sobre áreas protegidas como Tariquía, bajo el argumento de recuperar producción de gas, es el síntoma más claro de una inercia peligrosa: cuando el modelo se agota, se profundiza. Sin embargo, los datos son contundentes. Desde 2016 la producción nacional de gas se ha reducido a la mitad. Apostar todo a nuevos bloques, cada vez más costosos, conflictivos y ambientalmente sensibles, es prolongar una dependencia que ya no garantiza ni soberanía ni estabilidad.

Frente a ese escenario, resulta significativo —y esperanzador— que el debate energético empiece a incorporar con mayor fuerza la variable del ahorro. La propuesta de conectar las redes ferroviarias Oriental y Andina no es solo una obra de infraestructura largamente postergada: es una política energética en sí misma. Sustituir millones de toneladas de transporte carretero por ferrocarril implica menos diésel importado, menos presión fiscal, menor huella ambiental y mayor competitividad para la economía nacional.

Paradójicamente, Bolivia dispone de empresas ferroviarias con participación estatal relevante, financiadas en buena medida con recursos públicos, pero orientadas a maximizar dividendos privados antes que a cumplir una función estratégica de país. Esa contradicción resume buena parte del problema: el Estado asume riesgos, pero no lidera el rumbo.

La discusión energética que se abre no debería limitarse a cuánto cuesta el litro de combustible ni a cómo importar más rápido. Bolivia necesita una transición ordenada hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las nuevas energías. Incentivos reales al transporte ferroviario, electrificación progresiva, energías renovables descentralizadas, movilidad urbana sostenible y políticas activas de reducción del consumo deben ocupar el centro del debate.

Persistir en el extractivismo clásico como única salida no solo es ambientalmente insostenible: es económicamente miope. El verdadero desafío no es extraer más, sino depender menos. Apostar por el ahorro y las nuevas energías no es una concesión ideológica; es una decisión estratégica. Y cuanto más se demore Bolivia en asumirla, más caro será el costo social, fiscal y ambiental de seguir mirando al pasado para resolver los problemas del futuro.