La trampa de la “consulta previa”

Argumentar la necesidad de hacer una “consulta previa” para autorizar determinados proyectos estatales es, esencialmente, una trampa. También en el caso de la exploración petrolera en la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía.

En este diario lo hemos advertido siempre y la posición no ha cambiado: no es posible que un pequeño grupo de comunarios decida sobre proyectos de interés nacional y su aplicación estricta entra en conflicto con la soberanía nacional, que se expresa en su ciudadanía.

El asunto se debatió hasta la saciedad en el siglo pasado hasta elevarlo a una categoría cuasi bíblica. Cuestionar su utilidad parece un sacrilegio, pero lo cierto es que no hay comunidad que pueda enfrentarse al poder sin límites de las grandes transnacionales, y esto lo saben bien en el gobierno actual, en el anterior y en todos los del siglo XX donde las grandes petroleras nunca tuvieron mayor problema en hacer lo que quisieron. También la YPFB estatal.

El asunto es tramposo e hipócrita, pero por si faltara poco, además se aplica de forma mañuda y torticera. Hay ejemplos a lo largo y ancho del país, pero recurriremos al recientemente célebre de Tariquía para visualizarlo.

El gobierno de Evo Morales constitucionalizó la consulta previa pese a las advertencias de los sectores de la izquierda nacionalista, pero ni él ni su corte tuvieron dudas nunca de que se aplicaría a su voluntad.

En 2018, por ejemplo, lo primero que se hizo fue firmar los contratos de explotación del área San Telmo, que cruza la Reserva de norte a sur y cuyo plan de desarrollo guardado bajo siete llaves contempla una docena de pozos.

Después de firmar el contrato – lo que hace que el Estado asuma consecuencias legales – se procede a la consulta previa, pero no en las comunidades que serán afectadas por alguno de los pozos de la totalidad del proyecto, sino solo en la más cercana al primer pozo a explorar.

Inicialmente los dos primeros pozos descubridores estaban dentro de la Reserva, pero se decidió empezar por el Domo Osso X3 justamente porque estaba fuera. Suponiendo que se hubiera realizado correctamente, la población de Saicán, la más cercana al pozo Domo Osso X3 y que apenas suma 50 personas hubiera decidido sobre abrir la puerta a la petrolera en una de las Reservas más importantes de Bolivia, o negar al país la posibilidad de ingresar más de 5.000 millones de dólares según las predicciones optimistas de los diferentes gobiernos. Mucha responsabilidad ¿no?

La consulta previa lleva aparejado un proceso de socialización, es decir, de explicación del proyecto y que además suele estar a cargo de aquellos que tienen interés en el proyecto

 La consulta previa lleva aparejado un proceso de socialización, es decir, de explicación del proyecto y que además suele estar a cargo de aquellos que tienen interés en el proyecto. Sin despreciar la capacidad de nadie, suponer que medio centenar de comunarios pueden ponderar en su conjunto el impacto de un proyecto que ni siquiera la ciencia se atreve a calibrar, es cuando menos osado. Si a eso se le añade unas condiciones de vida precaria, el resultado está cantado. También en Saicán.

Decisiones de este calado deben tomarse en conjunto nacional y no son locuras: Ecuador votó por preservar el parque Yasuní, por ejemplo, aunque luego el gobierno haga lo que considere.

La democracia es imperfecta y ciertamente no se puede consultar cada decisión, por eso los programas electorales y los compromisos de campaña, tal vez, deberían tener rango de Ley, o al menos, hacer renunciar a quienes sin escrúpulos los olvidan.

Escudarse en la “consulta previa”, tanto para quienes toman las decisiones como para quienes no se atreven a cuestionarlas de frente, es un juego de artificio. En Tarija se sabe bien qué pasa y qué no pasa con los grandes proyectos petroleros, como impactan en el medio local y como todo se volatiliza.

Los comunarios no pidieron petroleras, ni siquiera apenas nadie sabía que estaban ahí. No es apropiado hacerles responsables de semejante decisión.