Autonomía, la llave del cambio
El retiro del DS 5503 confirma el agotamiento del modelo centralista y devuelve al centro del debate la urgencia de un verdadero pacto fiscal y de gobiernos subnacionales fuertes
Bolivia transita la nueva legislatura nacional bajo un signo de incertidumbre y urgencia. El cierre de un ciclo de casi veinte años, caracterizado por una hegemonía centralista que administró la abundancia con discrecionalidad, ha dado paso a una realidad cruda: el modelo se ha agotado porque los recursos que lo sostenían se han esfumado, pero no hay una alternativa viable. La reciente derogación del Decreto Supremo 5503 no invalida ese diagnóstico; por el contrario, lo confirma. El retroceso del Gobierno frente a la presión social evidencia que el Estado central ya no dispone ni de margen económico ni de capital político suficientes para imponer ajustes sin consenso.
El episodio del DS 5503 deja una lección clara: no hay atajos técnicos para resolver una crisis estructural. Las medidas de “shock”, ahora retiradas, fueron el reconocimiento implícito de que el viejo esquema fiscal ya no alcanza, pero también demostraron que gobernar desde el centralismo, sin diálogo ni territorialización de las soluciones, conduce inevitablemente al conflicto. La crisis permanece intacta, aunque el decreto haya sido archivado.
Es precisamente en esta coyuntura donde la Autonomía Departamental deja de ser una consigna para convertirse en una necesidad de supervivencia. La próxima legislatura nacional será el escenario donde, una vez más, se discutan asuntos largamente postergados: un verdadero Pacto Fiscal, la redistribución de competencias y la gestión directa de recursos cada vez más escasos. Sin embargo, para que ese debate no termine nuevamente en el cementerio de las promesas incumplidas, Bolivia necesita contrapesos reales desde las regiones.
Tarija, históricamente el departamento que sostuvo al erario nacional gracias a los hidrocarburos durante más de dos décadas, se encuentra hoy en una encrucijada decisiva. El ciclo que comienza exigirá a las autoridades subnacionales algo más que administrar la escasez: demandará capacidad de negociación política, visión estratégica y firmeza para defender los intereses regionales frente a un centralismo que, en tiempos de crisis, tiende a recentralizar decisiones y responsabilidades.
Un gobierno departamental débil, subordinado a las lógicas del poder central o carente de planificación técnica, condenará a Tarija a la irrelevancia. La autonomía es, hoy más que nunca, la última trinchera frente a un Estado que ya no puede garantizarlo todo desde La Paz.
De ahí la importancia crucial de las próximas elecciones subnacionales. No es tiempo de “chicanas”, discursos vacíos ni experimentos de laboratorio. El fallido intento de ajuste ha sido un baño de realidad para todo el país: se requieren gobiernos departamentales y municipales que comprendan que la autonomía no es un botín político, sino una herramienta para proteger la salud, sostener los servicios básicos y promover una productividad que ya no puede depender exclusivamente del gas.
Ejercer la autonomía implica responsabilidad, pero también audacia. Implica exigir el cumplimiento efectivo de la Constitución y la Ley de Autonomías, reclamar competencias claras y fuentes de financiamiento sostenibles, y asumir que el desarrollo no llegará por delegación, sino por iniciativa propia.
Ojalá el electorado tarijeño, consciente de lo que está en juego tras este episodio, apueste por la capacidad de gestión, la solvencia técnica y la defensa de lo nuestro. El futuro de la autonomía no se resolverá solo en los pasillos del poder central, sino en las urnas de cada municipio y comunidad, donde se elegirá a quienes tengan el temple necesario para defender la identidad regional y el derecho de Tarija a un futuro digno y viable.
