Tariquía, otra vez en la encrucijada
Tariquía vuelve a pagar el costo de un pragmatismo que relativiza la consulta previa y los compromisos ambientales, en un país donde la urgencia económica pesa más que los compromisos
Como si no hubiera poca actualidad informativa en Bolivia en estos días, la Policía Nacional apareció este lunes en el retén que desde hace muchos meses mantienen unos cuantos comunarios en el ingreso al cantón de Chiquiacá para intentar evitar el ingreso de las petroleras a la región.
Se trata esencialmente de proteger la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía, una zona central para el ciclo hídrico tarijeño y para todo el sistema yungueño – tucumano que cruza Bolivia y Argentina, amenazada desde 2017 con concesiones en dos áreas que tocan la reserva, el área de San Telmo, que baja desde Chiquiacá hasta casi la frontera con Argentina por Orozas y cubre todo el cantón propiamente de Tariquía, y el de Astilleros, en el extremo este del triángulo sud de la Patria y prácticamente sobre el río Grande de Tarija.
La reaparición policial en Chiquiacá reactiva un conflicto latente desde 2017, cuando las concesiones petroleras comenzaron a amenazar una reserva clave para el ciclo hídrico de Tarija
En Astilleros el distrito 11 de Padcaya respaldó el inicio de operaciones luego de que muy convenientemente se modificara el Plan de Manejo de la Reserva para dejarlo fuera de la zona núcleo. Unos años después el taladro se rompió y las actividades se han abandonado.
En San Telmo el conflicto fue mayor, pues, aunque muchos comunarios aceptaron las dádivas para dar su apoyo, hubo una resistencia formal y de fondo que trascendió de la zona y se extendió por las grandes ciudades.
En 2019, ante el revuelo generado, se suspendieron las operaciones. Venían unas elecciones difíciles para el Gobierno de Evo Morales y no quiso correr riesgos. Nunca se hizo la consulta previa y las petroleras concesionarias – YPFB Chaco y Petrobras, ambas en comandita – aceptaron la situación.
Obviamente todos los opositores del momento, entre los que se incluyen los que hoy son gobierno nacional, departamental y municipal, o los aspirantes, se posicionaron en contra de la exploración y a favor de la naturaleza. Era la marca del momento.
La exploración apenas avanzó, pero los contratos nunca se resolvieron, por lo que la amenaza siempre siguió ahí. A eso se sumó la imparable caída de recursos económicos derivado de la caída de la producción gasífera en los grandes campos descubiertos en los 90 con una YPFB estatal. Las cuentas siempre optimistas de aquel ministro de Hidrocarburos que lo promovió pronto empezaron a tener su eco en varios políticos e instituciones del departamento. Ayer se volvió a sentir precisamente eso. Silencios sordos, instituciones puestas de perfil. La plata es la plata.
El gobierno, luego de la campaña, hace tiempo que ha dado la línea: la inversión extranjera es urgente y cualquier cosa que traiga dólares es bien vista, por encima incluso de documentos firmados y bellos discursos.
El medioambiente hace tiempo que es tratado como un commoditie más: vale si sirve para traer turistas o bonos de carbono, pero molesta para todo lo demás.
Vivimos en tiempos pragmáticos, pero principistas. Tariquía se convierte en otra víctima de las urgencias, cuando nadie, en ningún lugar, puede garantizar que esto tendrá buenos resultados.
