El ajuste y el límite
Las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503 revelan no solo el impacto económico del ajuste, sino también el desgaste de un gobierno que confunde convicción técnica con legitimidad política
Después de dos semanas de moderado festejo en un país que lleva muchos meses sobreviviendo en el alambre, el momento de la verdad va llegando. Todavía falta, pues enero es un mes sin labores escolares y donde muchos “consultores” y funcionarios públicos han acabado su contrato y se toman con relativa calma la renovación. Una renovación que este año tal vez no llegue.
En el país ya se han masificado las marchas de la Central Obrera en contra del Decreto Supremo 5503, que más allá del sustancial incremento de la gasolina y el diésel —que lenta pero inexorablemente se empezará a sentir en todos los bolsillos— también contempla una congelación salarial general, salvo el mínimo, y un recorte del gasto público que afectará de forma directa a las economías familiares. No se trata de temores abstractos: es el impacto cotidiano del ajuste trasladado a quienes viven de su trabajo.
A la Central Obrera se han sumado otros sectores de peso, como interculturales y campesinos, además de los poderosos sindicatos del Magisterio, y es previsible que también se plieguen gremiales y profesionales independientes. El capítulo del “Fast Track” ha encendido las alarmas de ambientalistas, pero también ha removido un reflejo profundamente arraigado en la sociedad boliviana: el nacionalismo económico y la sospecha ante cualquier cesión acelerada de recursos estratégicos sin debate público, sin transparencia y sin control social. La estrategia oficial de descalificar toda crítica tildándola de “masista” es demasiado burda para una sociedad que hoy protesta desde múltiples orillas ideológicas.
En un contexto de ingresos erosionados y paciencia social menguante, gobernar no es imponer paquetes “ómnibus” ni descalificar la protesta, sino escuchar, corregir y asumir que la sensibilidad política es una condición básica de la gobernabilidad democrática.
Los sectores movilizados han coincidido, aun con desconfianza, en asistir al diálogo convocado por el Gobierno este 5 de enero. Un diálogo que llega tarde y desgastado, después de casi tres semanas en las que se han repetido argumentos defensivos de un decreto tipo “ómnibus”, que mezcla materias fiscales, laborales, financieras, energéticas y de inversión extranjera, dificultando cualquier negociación sectorial seria. Cuando todo se decide en un solo paquete, el margen de corrección se reduce y la sensación de imposición se amplifica.
Los mecanismos de diálogo social no pueden limitarse a exposiciones técnicas ni a pedagogía vertical. Gobernar no es únicamente “explicar bien” decisiones ya tomadas, sino escuchar, corregir y asumir que, en contextos de crisis, la legitimidad no se impone por decreto. Persistir en una narrativa de imbatibilidad técnica, de superioridad moral o de “no hay alternativa” solo profundiza la brecha entre el Estado y la sociedad.
Bolivia atraviesa un momento delicado, con tensiones acumuladas, ingresos erosionados, expectativas frustradas y una paciencia social cada vez más corta. En ese escenario, la soberbia es un lujo que ningún gobierno puede permitirse. La sensibilidad política no es debilidad; es una condición indispensable para la gobernabilidad democrática. Reconocer errores, abrir márgenes de revisión y mostrar empatía con las dificultades reales de la población no desordena la economía: ordena la convivencia.
El ajuste puede ser necesario, pero nunca debe ejecutarse desde la autosuficiencia ni la indiferencia. Peor el engaño. Si el Gobierno aspira a sostener este proceso sin incendiar el tejido social, debe abandonar cualquier resto de arrogancia y asumir que gobernar, sobre todo en tiempos difíciles, exige algo más que convicción técnica: exige humildad, escucha y responsabilidad histórica.
