Las cuestiones de la soberanía
En tiempos de alta tensión global y de reconfiguración del orden internacional, Bolivia debería apostar por la prudencia, la coherencia y la defensa de principios
Después de cinco meses matando sudamericanos en lanchas que circulaban por el mar Caribe, probablemente con droga, acusándolos de “narcoterrorismo” sin conocer siquiera sus nombres y mucho menos, tras ser sometidos a un juicio justo, ante el silencio ensordecedor de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, era previsible – aunque poquísimos analistas lo contemplaban en sus previsiones – que Donald Trump tomara la decisión de intervenir en el país sudamericano.
La madrugada venezolana volvió a ser escenario de una escena que América Latina conoce demasiado bien: el uso de la fuerza militar externa como atajo para resolver conflictos políticos internos. El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un ataque “a gran escala” en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa marca un punto de inflexión peligroso, no solo para ese país sino para toda la región. Más allá de la valoración política, jurídica o moral que merezca el régimen venezolano —profundamente cuestionado, autoritario y responsable de una crisis humanitaria de enormes proporciones—, lo ocurrido constituye una agresión armada contra un Estado soberano y una violación flagrante del derecho internacional cuyo pisoteó ha convertido Trump en marca registrada.
El asunto no es ajeno, Trump ha reverdecido la doctrina Monroe y en su último documento estratégico dejó claro que el imperialismo es la forma en zonas de influencia. No es casual la tolerancia de Trump con Putin en Ucrania ni la recientemente adoptada sobre Taiwán respecto a China, de hecho es más coherente que la de aquellos que condenan la operación en el Donbas y aplauden la de Caracas.
Resulta preocupante, por tanto, la posición adoptada por el Gobierno boliviano. La Cancillería, lejos de condenar sin ambigüedades el ataque, ha optado por legitimar de facto la intervención al presentarla como un “camino ineludible” hacia una supuesta transición democrática. El comunicado oficial, redactado en un lenguaje que intenta equilibrar derechos humanos y realpolitik, termina alineándose con el agresor y naturalizando una operación militar extranjera como instrumento válido de cambio político. Esa no es una posición menor ni técnica: es una definición política de enorme calado.
Bolivia tiene una larga tradición diplomática —no siempre cumplida, pero sí reivindicada— de defensa de la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el rechazo a la injerencia externa. Esa tradición se forjó tanto desde gobiernos de signo conservador como progresista y fue clave para dotar al país de una voz propia en foros internacionales. Romper con ese principio no fortalece a Bolivia: la debilita, la vuelve prescindible y la coloca en una lógica de alineamientos coyunturales que históricamente han tenido altos costos.
Que el régimen venezolano haya colapsado institucionalmente, que haya erosionado el Estado de derecho y que esté atravesado por redes de corrupción o criminalidad no convierte automáticamente en legítima una intervención militar extranjera. América Latina ya pagó demasiado caro el experimento de las “liberaciones” impuestas desde fuera. Las transiciones duraderas no nacen de bombardeos ni de capturas extraterritoriales, sino de procesos internos —imperfectos, conflictivos, largos— acompañados por presión diplomática, mediación multilateral y mecanismos verificables.
La comparación con la posición de otros países de la región, como Brasil, es inevitable. Condenar sin paliativos la agresión no equivale a defender a Maduro ni a su gobierno. Equivale, simplemente, a sostener una línea de coherencia mínima: los derechos humanos no se protegen vulnerando otros derechos humanos; la democracia no se construye mediante la fuerza militar de una potencia extranjera; el derecho internacional no puede ser selectivo según simpatías ideológicas.
Bolivia no gana nada celebrando o justificando un ataque que sienta precedentes peligrosos para países medianos y pequeños. Al contrario si se entiende la forma de hacer diplomacia de Estados Unidos, donde solo respeta al fuerte y desprecia al débil. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier otro Estado considerado “fallido”, “incómodo” o “estratégico”. Puede ser el Chapare o pueden ser los gomones de Bermejo. La soberanía, cuando se relativiza, rara vez se recupera intacta.
Condenar la violencia, exigir una transición democrática genuina, demandar garantías para la población civil y promover una salida política supervisada internacionalmente no son posiciones incompatibles. Lo que sí resulta incompatible con una política exterior responsable es avalar la ley del más fuerte y presentar la guerra como una herramienta legítima de democratización.
En tiempos de alta tensión global y de reconfiguración del orden internacional, Bolivia debería apostar por la prudencia, la coherencia y la defensa de principios, no por comunicados que parecen escritos más para agradar a aliados circunstanciales que para resguardar una visión de largo plazo. La historia regional es clara: cada vez que se normaliza la intervención armada como solución, la democracia retrocede, aunque se la invoque en los discursos.
