El 50 y 50: de la consigna a la política pública

La promesa del “50 y 50” —una redistribución equitativa de los recursos entre el nivel central y las entidades territoriales— ha vuelto al debate público como una bandera que despierta expectativas legítimas, pero también recelos bien fundados. No es una consigna nueva ni inocente: toca el corazón del modelo autonómico boliviano y, bien planteada, podría corregir desequilibrios históricos. Mal gestionada, en cambio, corre el riesgo de convertirse en otra promesa grandilocuente destinada a la melancolía política.

El principal problema no es el porcentaje, sino la ausencia de una hoja de ruta clara. Hablar de 50 y 50 sin definir previamente qué competencias se transfieren, cómo se financian y bajo qué mecanismos de control se ejecutarán, equivale a repartir responsabilidades sin herramientas. La experiencia autonómica de los últimos quince años es elocuente: se descentralizaron obligaciones sin recursos suficientes, generando frustración institucional y deterioro de la gestión pública subnacional. La mitad de los departamentos ni siquiera ha aprobado su Estatuto.

Discutir porcentajes sin definir responsabilidades ni recursos es repetir los errores del pasado: el 50 y 50 solo tendrá sentido si forma parte de una hoja de ruta seria que fortalezca las autonomías con capacidades reales y no con promesas melancólicas

Cualquier discusión seria sobre redistribución fiscal debe partir de un ordenamiento competencial riguroso. ¿Qué funciones debe asumir el nivel central y cuáles las gobernaciones y municipios? ¿Qué servicios deben financiarse localmente y cuáles requieren economías de escala nacionales? Sin este mapa previo, el debate del 50 y 50 se reduce a una pugna política y no a una reforma estructural.

En paralelo, es imprescindible delimitar las fuentes de financiamiento. No todos los ingresos son iguales ni igualmente redistribuibles. Regalías, coparticipación tributaria, impuestos específicos y transferencias condicionadas cumplen funciones distintas y deben responder a criterios técnicos, no solo políticos. Un nuevo pacto fiscal —si es que se quiere avanzar hacia él— debe garantizar sostenibilidad, previsibilidad y responsabilidad fiscal en todos los niveles del Estado.

Desde esta tribuna sostenemos que Bolivia necesita un nuevo marco de relación fiscal y competencial, acorde a su realidad económica actual y al agotamiento de un modelo extractivo que ya no garantiza abundancia. Pero ese nuevo marco exige algo más que discursos: requiere autoridades dispuestas a asumir plenamente las responsabilidades que reclaman, con capacidad de gestión, transparencia y rendición de cuentas.

El 50 y 50 no puede ser un atajo retórico ni un refugio nostálgico de promesas incumplidas. Debe ser, si se quiere, el resultado final de un proceso ordenado, técnico y políticamente honesto. De lo contrario, no fortalecerá las autonomías ni acercará el poder a la gente: solo añadirá una nueva capa de frustración a un Estado ya tensionado.

La descentralización no se mide en porcentajes, sino en capacidades reales. Y eso exige planificación, coraje político y, sobre todo, responsabilidad. Sin ello, cualquier promesa de redistribución está condenada a quedarse en el discurso.