El debate del Fast Track
Las prerrogativas que se conceden para las inversiones en sectores estratégicos han encendido las alarmas de sectores académicos y ambientalistas
La estrategia comunicacional que acompañaba al Decreto Supremo 5503 era extremadamente simple: Culpar a la corrupción del pasado de las medidas duras que se deben tomar y sindicar de masista a cualquiera que lo cuestionara. Además se trataba de concentrar todas las miradas sobre la subvención a los combustibles, una medida implementada hace 25 años que ha beneficiado siempre a los que más tienen, y cuya retirada perjudica más a los que menos tienen. El debate de la subvención siempre ha existido, el MAS más poderoso de la historia intentó retirarla en su momento álgido y duró seis días; Luis Arce convocó un referéndum sobre el tema que nunca realizó; Rodrigo Paz respondió con evasivas en campaña. De alguna forma se creó una suerte de “conciencia” sobre su retirada que se va imponiendo en las grandes ciudades sobre todo – qué será cuando vuelva el curso escolar…- gracias también a la benevolencia navideña.
Por lo general, los gobiernos suelen subestimar la capacidad de sus gobernados, pero de a poco va creciendo una toma de conciencia sobre el fondo del decreto, más allá de los precios de los combustibles y el resto de medidas que generarán inflación – como la libre exportación – y pérdida de poder adquisitivo – como la congelación salarial o la inminente devaluación -.
Por lo general los RIGI hacen referencia a los volúmenes de inversión, a la creación mínima de puestos de trabajo, y se organizan entorno a las prioridades estratégicas del país
El esquema de atracción de grandes inversiones, que en otros países se denomina RIGI – Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones – es también muy simple en el decreto 5503: aprobación en 30 días; sin licencias ambientales; sin autorizaciones parlamentarias, aunque se refiera a recursos naturales o estratégicos y con contratos blindados por 15 años. Por lo general los RIGI hacen referencia a los volúmenes de inversión, a la creación mínima de puestos de trabajo, y se organizan en torno a las prioridades estratégicas del país que ofrece las condiciones benevolentes bien para colocarse al frente de sectores innovadores o rentables. El actual marco apuntado en el decreto no hace ninguna referencia al respecto, y por ende, sería mucho presumir que se vaya a hacer necesario reglamentar algo más en el futuro.
De lo que parece tratarse es de adjudicar concesiones mineras, petroleras y energéticas de forma discrecional y sin discutir el beneficio que las mismas reportarán al país, un término que no puede solo medirse en términos económicos, sino también sociales y medioambientales.
El mecanismo “sorprende”, sobre todo porque en la Asamblea, Libre, Súmate y Unidad, más allá de los diputados de Paz Pereira, coinciden en general en los planteamientos liberales y el trámite parlamentario – que garantiza la transparencia - no hubiera supuesto demasiado problema. Es curioso que se adopte esta medida luego de cinco años donde el MAS de Luis Arce, con mayoría absoluta antes de romperse la bancada, no ha podido aprobar ni créditos, ni contratos de litio, ni prácticamente nada “gracias” al control parlamentario.
El debate recién empieza a elevarse y ningún punto está cerrado. El gobierno tendrá que emplearse a fondo si no quiere sorpresas.
