La distancia entre el decreto y la realidad social
Tras 20 años de hegemonía política, el nuevo rumbo económico de Bolivia se estrena con un "decreto de shock" que, bajo la urgencia del fast track para el gran capital, descuida peligrosamente el escudo de protección para los más vulnerables.
Con la Navidad ya cumplida y aún en medio del feriado larguísimo decretado por el Gobierno para hacer frente a las protestas, por un lado, y “fomentar el turismo”, por el otro, los argumentos y necesidades empiezan a despejarse.
El decreto tiene tres partes claramente diferenciadas que preocupan a los trabajadores y comerciantes de este país. De un lado está todo el paquete “inflacionario” que contempla la subida del combustible, la libre exportación de la carne y otros productos muy requeridos en el mercado internacional, además de la congelación salarial vinculada al nuevo valor de un salario mínimo obligado por el Ejecutivo y la reducción de plantillas en el sector público, que tendrá sus efectos sobre el empleo y el consumo.
"Bolivia necesita reformas estructurales de fondo, pero estas deben nacer del conocimiento de nuestra realidad y no de experimentos que ignoren el factor humano ni la capacidad de reacción del mismo".
Del otro lado está todo lo relativo al fast track, los mecanismos incluidos para “abrir Bolivia al mundo” y que, leyendo en detalle, implican fórmulas muy convenientes para que el gran capital desembarque en el país para explotar recursos naturales y otros sectores estratégicos: contratos largos y estables en el tiempo, aprobaciones exprés y otros detalles que convierten la decisión en puro trámite.
La tercera pata, se supone, era el plan social para paliar sus efectos entre la población vulnerable; quizá el único compromiso realmente adquirido en campaña por el binomio ganador, que siempre respondió con evasivas y contradicciones a la pregunta sobre el retiro de la subvención. El plan es ciertamente escueto y está dotado de montos insignificantes: un incremento de 150 bolivianos para la Renta Dignidad y bonos de 200 pesos cada cuatro meses es ciertamente ridículo en las condiciones actuales.
Hay otros asuntos que se apuntan, pero no se resuelven. Hay cláusulas crípticas sobre la Gestora; hay una devaluación en ciernes; hay compromisos generales sobre la austeridad; hay planes dispersos (más bien oraciones) sobre la formalización de la actividad económica, y no hay un objetivo de déficit declarado que sirva como ancla real de la política económica a mediano plazo, ni un asunto que explique cómo se van a recuperar los dólares perdidos.
Falta. Esa es la conclusión de la lectura de un decreto denso y plagado de errores de redacción, que va más allá de la coyuntura o de una suerte de resignación que las clases altas parecen haber asumido como inevitable.
El Gobierno tiene margen para la negociación: el nuevo precio de los combustibles puede revisarse; se pueden conceder ajustes graduales o mejorar bastante el “escudo” de protección social pírricamente dotado. Otra cosa es saber si eso será suficiente para unificar criterios o si, de lo contrario, los afectados determinarán que no hay más y que el cambio de rumbo implicará otras determinaciones.
Es evidente que 20 años de manejo unilateral impulsado por enormes mayorías absolutas no han contribuido a construir un modelo estable y sólido que proteja a los más vulnerables y fomente la productividad. Es evidente que quienes ganan las elecciones tienen derecho a explorar nuevas vías (las prometidas en campaña, vaya). Es evidente que Bolivia necesita reformas estructurales de fondo, pero —ojo— estas deben ser tomadas con base en el conocimiento real de nuestra población y no con base en experimentos o tesis de laboratorio que no tienen en cuenta el factor humano ni la capacidad de reacción del mismo.
