Cuando el ajuste lo pagan los de siempre
Sin medidas compensatorias serias, el ajuste vuelve a recaer sobre los sectores populares y las clases medias trabajadoras, poniendo en riesgo la cohesión social y la estabilidad del país.
El debate económico en Bolivia ha entrado en una fase decisiva. La crisis fiscal, la escasez de divisas y la presión sobre el tipo de cambio han puesto sobre la mesa reformas estructurales que, hasta hace poco, eran políticamente impensables. Entre ellas, la eliminación del subsidio a los carburantes y la liberalización del tipo de cambio fijo. El Decreto Supremo 5503 ha consumado lo primero y abierto la puerta para que el Banco Central de Bolivia haga lo segundo cuando quiera. En este contexto, el reciente informe de Oxfam no solo es oportuno: es imprescindible.
El estudio aporta algo que suele faltar en el debate público boliviano: evidencia empírica rigurosa sobre el impacto social de las decisiones macroeconómicas. Utilizando la metodología Compromiso con la Equidad (CEQ), el informe de septiembre ya demostraba que ambos ajustes tendrían efectos claramente regresivos. No se trata de especulación ideológica ni de alarmismo político: los números son elocuentes. Eliminar el subsidio a los combustibles incrementará la pobreza moderada y extrema, mientras que una devaluación abrupta tendría un impacto mucho más severo, disparando tanto la pobreza como la desigualdad en niveles socialmente explosivos.
Es cierto que los subsidios, en términos absolutos, benefician más a los hogares de mayores ingresos. Es exactamente lo que pasa con el subsidio a los carburantes. Pero el informe confirma una verdad incómoda que a menudo se oculta: cuando se los elimina sin medidas compensatorias, quienes pagan el costo proporcionalmente más alto son los sectores populares y las clases medias trabajadoras. El ajuste, una vez más, cae sobre quienes tienen menos margen para absorberlo. Las medidas de compensación propuestas por el Gobierno no merecen ni ser comentadas por lo ridículo de sus cuantías.
Bolivia necesita discutir seriamente su modelo económico y corregir distorsiones acumuladas durante años. Negar la gravedad del momento es irresponsable. Pero también lo es aplicar recetas de shock sin un andamiaje sólido de protección social. La experiencia regional y global es clara: los ajustes fiscales y cambiarios sin redes de contención no ordenan la economía, la desestructuran socialmente y abren la puerta al vaciamiento, la delincuencia organizada y el estancamiento.
El informe de Oxfam no dice que no se pueda reformar; advierte cómo hacerlo mal. Exige, con datos en la mano, que cualquier decisión de esta magnitud venga acompañada de políticas redistributivas, transferencias focalizadas y mecanismos de protección para los hogares más vulnerables. No como gesto humanitario, sino como condición mínima de estabilidad.
En un país marcado por profundas desigualdades territoriales y sociales, ignorar estas advertencias sería un error histórico. Ajustar sin sensibilidad social no es valentía técnica: es desidia política. Y cuando el costo social se dispara, no hay estabilidad macroeconómica que resista.
