El abismo de la inseguridad regional
La falta de oportunidades reales de la gente abre la puerta a las dinámicas de la delincuencia, como ha pasado en Ecuador y Perú
La geografía no solo nos une por fronteras y comercio; también nos hermana en las amenazas. Bolivia empezaba a cerrar un arduo e intenso año electoral (aunque faltan las subnacionales), y las ciudades y pueblos empezaban a buscar una estabilidad amenazada durante meses por la fragilidad económica. El DS 5503 ha dejado este asunto en veremos mientras crece otra amenaza en nuestras frontera. Lo que hoy ocurre en Perú y Ecuador no es una crisis ajena; es un aviso anticipado de lo que nos espera si el Estado boliviano no toma medidas antes de que sea irreversible.
Ecuador, hasta hace pocos años una isla de paz entre los mayores productores de cocaína del mundo (Perú y Colombia), se ha convertido en el escenario de un narcoterrorismo que desafía al Estado con coches bomba y tomas de canales de televisión. Perú, por su parte, lidia con una metástasis de la extorsión y el sicariato que ha asfixiado al pequeño comerciante bajo el modelo del "gota a gota". En ambos casos, el denominador común fue la subestimación del riesgo, la inestabilidad política crónica y una institucionalidad policial infiltrada por el crimen transnacional. El hecho de que estos problemas se utilicen políticamente para superar algunas crisis, para suspender algunas libertades o para justificar determinadas medidas alimenta muchas dudas.
La mayor advertencia surge tras el cambio de gobierno. La historia regional nos enseña que las transiciones políticas son los momentos de mayor vulnerabilidad
Bolivia no es una burbuja aislada. Nuestro país ha dejado de ser meramente un productor de hoja de coca para consolidarse como un nodo logístico vital para los carteles brasileños, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además de emisarios de mafias europeas. La actual baja tasa de homicidios en comparación con nuestros vecinos podría no ser el resultado de políticas de seguridad exitosas, sino de una "paz pactada" o un silencio operativo donde el crimen prefiere la discreción para el trasiego de capitales, armas y droga. Aun así, los números van sumando.
La mayor advertencia surge tras el cambio de gobierno. La historia regional nos enseña que las transiciones políticas son los momentos de mayor vulnerabilidad. Cuando el poder se reconfigura, se crean vacíos que el crimen organizado se apresura a llenar. Si el Estado se distrae en la batalla política y en fortalecer relatos, si la policía se debilita por la purga o la desatención, o alguien calcula que es un buen punto para que el Gobierno muestre músculo, las bandas criminales —hoy expulsadas por las políticas de mano dura en Lima y Quito— verán en Bolivia el refugio ideal.
La inseguridad que se asoma no es solo la del robo común; es la del control territorial de nuestras minas de oro en el norte, la de la extorsión que ya empieza a asomar en los mercados populares, los ajustes de cuentas en lavanderías y la de la porosidad de unas fronteras que parecen puertas giratorias.
El Gobierno ha comprometido una reforma integral de la Policía, y es esta la que debe entender que la seguridad ciudadana no puede ser un botín político o una herramienta de persecución. Se requiere, hoy y no mañana, una inversión real en inteligencia criminal, un blindaje de nuestras fronteras y una limpieza profunda de las instituciones de seguridad. La "ecuatorización" de Bolivia no es un destino inevitable, pero será nuestra realidad si seguimos ignorando que las barbas de nuestros vecinos ya han sido cortadas por el fuego. Es hora de actuar, antes de que el silencio de hoy se convierta en el estruendo del mañana.
