Gasolinazo: Cuando lo “inevitable” es una elección
El Gobierno ha optado por subir unilateralmente los precios de los combustibles, congelar salarios y crear pequeños bonos mientras se incentiva la libre exportación y el blanqueo de capitales
En tiempos de crisis profunda, los gobiernos suelen refugiarse en una palabra cómoda: inevitable. El Decreto Supremo 5503 ha sido presentado por el Gobierno de Rodrigo Paz precisamente así, como una decisión técnica ineludible, adoptada “con valentía” frente a una herencia insostenible. Y, como suele ocurrir, quien cuestiona esa narrativa es rápidamente etiquetado: masista, desestabilizador, enemigo del cambio. El problema es que ni los decretos se legitiman por decreto, ni la crítica responsable se anula con consignas.
Un análisis mínimamente riguroso del DS 5503 revela que estamos lejos de un instrumento sólido y consensuado. Las inconsistencias técnicas, los artículos mal referenciados, los anexos inexistentes o no publicados y las duplicaciones normativas no son detalles menores: son síntomas de improvisación en una norma que redefine precios, salarios, inversión extranjera y, en los hechos, el contrato social de Bolivia que ha regido en los últimos 28 años. Pedir explicaciones frente al cambio no es ideología; es sentido común democrático, sobre todo cuando la campaña electoral está fresca en la memoria y todas las preguntas referidas a eso se eludían con evasivas asegurando la protección de los más vulnerables. Desde luego un bono de 50 bolivianos al mes para personas desempleadas que se cobra cada cuatro no se puede considerar protección.
Más grave aún es el sesgo estructural del decreto. Mientras se exige sacrificios inmediatos a trabajadores, jubilados y pequeños emprendedores —vía encarecimiento de combustibles, congelamiento salarial, amenazas de despidos y formalización forzada—, se despliega un abanico de beneficios para la banca, grandes empresas y capitales que ayer eludían impuestos y hoy reciben amnistía. Utilidades récord del sistema financiero conviven con deducciones tributarias, depreciación acelerada y mecanismos diseñados para proteger carteras bancarias antes que economías familiares.
Ninguna política es “ineludible”: el gobierno ha decidido una vía distinta a la expresada en campaña
El núcleo del problema económico boliviano —la escasez de dólares— sigue intacto. El decreto no recupera soberanía sobre las divisas de exportación, no controla la especulación cambiaria ni limita la fuga de capitales. En cambio, abre la puerta a una eventual devaluación sin red de protección social, trasladando el costo a los ahorros previsionales y al salario real. Llamar a eso “atacar las causas” exige, como mínimo, una explicación más convincente.
Tampoco puede pasarse por alto el contexto geopolítico. La publicación del decreto inmediatamente después de reuniones con agencias y organismos estadounidenses, la introducción de esquemas “Fast Track”, la estabilidad jurídica por 15 años y los contratos con fuerza de ley sin control parlamentario alimentan una percepción legítima: que la urgencia fiscal se está resolviendo acelerando la entrega de recursos estratégicos bajo reglas excepcionales y opacas. No es una acusación automática; es una alerta razonable que exige transparencia.
Cuestionar el DS 5503 no significa negar la crisis ni defender el statu quo. Significa rechazar la idea de que solo hay un camino posible y que ese camino, casualmente, siempre termina cargando el peso sobre los mismos sectores. Hasta el totémico 21060 incluía artículos sobre la liquidación obligatoria de los dólares de exportación, que es por cierto hacia donde parecía apuntar Paz en campaña. La democracia económica no se construye pidiendo obediencia, sino explicando, corrigiendo y dialogando de verdad.
Bolivia necesita reformas, sí. Pero reformas técnicamente consistentes, socialmente equilibradas y políticamente legítimas. Convertir toda protesta en sospecha y toda crítica en militancia encubierta no fortalece al gobierno: lo debilita. Y, sobre todo, debilita a una sociedad que ya ha pagado demasiadas veces crisis ajenas. Si el problema es la corrupción, lo primero es eliminar la corrupción.
Lo inevitable, casi siempre, es una decisión. Y las decisiones, en democracia, deben poder discutirse.
