Autonomía: el desafío de ordenar la casa antes del Pacto Fiscal
La autonomía no es un discurso; es una responsabilidad, y quienes pretendan dirigir la Gobernación deben demostrar que entienden el marco constitucional para ejercerlo y debatir otro
Bolivia entrará en 2026 de nuevo con una agenda política cargada y, en el caso de Tarija, con una responsabilidad decisiva: elegir a las nuevas autoridades departamentales en las subnacionales de marzo. El contexto no puede ser más desafiante. Mientras se multiplican los discursos sobre federalismo, pactos fiscales y reformas estructurales, lo cierto es que el país sigue sin resolver un problema básico: su sistema autonómico no está ordenado. Antes de hablar de redistribución de recursos, es indispensable sincerar y organizar las competencias que la propia Constitución definió hace más de 15 años, pero que nunca terminaron de concretarse en la práctica.
La autonomía boliviana nació con promesas de eficiencia, cercanía, control social y capacidad de gestión territorial. Pero su desarrollo quedó a medio camino. Hay competencias centralizadas que deberían ser locales; competencias desconcentradas que no tienen financiamiento; competencias transferidas que carecen de reglamentación; y competencias exclusivas que chocan con normas nacionales. El resultado es un esquema desordenado, contradictorio y costoso, donde cada nivel del Estado disputa protagonismo sin que ello se traduzca en servicios públicos mejores ni en una gestión más transparente.
En Tarija, esta realidad se siente con particular fuerza. El fin del ciclo gasífero evidenció la fragilidad de un modelo dependiente de las regalías, mientras las regiones —incluido el Chaco con su autonomía regional— reclaman claridad en funciones, responsabilidades y capacidades reales de decisión. Sin ese ordenamiento, cualquier discusión sobre el Pacto Fiscal se convierte en una confrontación entre percepciones y aspiraciones, más que en una agenda técnica y viable. No se puede acordar cómo repartir si primero no se define qué debe hacer cada quien.
La ciudadanía espera propuestas viables, contextualizadas y honestas. Propuestas que reconozcan el estado real de la autonomía, sus límites y sus potencialidades
Por eso, cuando algunos candidatos departamentales lanzan propuestas sobre nuevos modelos de financiamiento, industrialización o reorganización administrativa, es necesario recordarles algo elemental: gobernar Tarija exigirá asumir competencias —las vigentes y las que se reclamen— y eso implica capacidad administrativa, técnica y política. La autonomía no es un discurso; es una responsabilidad. Y quienes pretendan dirigir la Gobernación deben demostrar que entienden el marco constitucional, las brechas normativas, los desafíos financieros y, sobre todo, la necesidad de construir institucionalidad en un contexto de recursos escasos.
El departamento necesita autoridades que se tomen en serio este debate. Que exijan un nuevo marco autonómico, claro y coherente, pero que también estén dispuestas a asumir las cargas que ese marco supone. La narrativa del “nos deben” debe convivir con la del “debemos hacer”. Ningún pacto fiscal tendrá sentido si el nivel departamental no está preparado para planificar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas con rigurosidad. Tampoco si los municipios, las autonomías indígenas o la autonomía regional del Chaco siguen operando sin articulación y sin reglas claras.
Ordenar el sistema competencial no es un capricho jurídico: es la condición para que la autonomía deje de ser un enunciado aspiracional y se convierta en una herramienta de desarrollo. Es también un camino para evitar tensiones estériles entre regiones y niveles del Estado, y para construir la complementariedad que este departamento necesita con urgencia. Tarija ya pagó demasiado caro la improvisación y la ausencia de planificación durante el auge gasífero; repetir ese error en tiempos de vacas flacas sería irresponsable.
De cara a las elecciones de marzo, los candidatos tienen la oportunidad —y la obligación— de elevar el nivel del debate. La ciudadanía espera propuestas viables, contextualizadas y honestas. Propuestas que reconozcan el estado real de la autonomía, sus límites y sus potencialidades. Y que no prometan lo que ninguna Gobernación puede cumplir sin un marco competencial ordenado y sin un pacto fiscal técnicamente sólido.
Tarija necesita un nuevo pacto autonómico, sí. Pero también necesita líderes capaces de comprenderlo y de llevarlo adelante. Porque la autonomía no se declama: se ejerce. Y ejercerla demanda claridad, responsabilidad y coraje político. Sólo así dejaremos de discutir sobre competencias y empezaremos, por fin, a cumplirlas.
