Derechos Humanos: el retroceso silencioso
Los derechos humanos retroceden mientras crece la tolerancia social hacia su vulneración
Cada 10 de diciembre el mundo recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese pacto civilizatorio alcanzado en 1948 después de dos guerras que pusieron a prueba los límites de lo humano. Aquel documento, hoy traducido a más de 500 idiomas, nació para evitar que la barbarie se convirtiera en rutina y para garantizar que toda persona —sin distinción alguna— naciera libre e igual en dignidad y derechos. Setenta y siete años después, sin embargo, la conmemoración deja un sabor amargo: los derechos humanos están retrocediendo a la vista de todos, y lo más alarmante es que este retroceso se ha vuelto socialmente tolerable.
Vivimos tiempos en los que la vulneración de derechos ya no provoca el escándalo colectivo de décadas pasadas. Gobiernos que encarcelan opositores, que restringen libertades básicas, que vigilan a sus ciudadanos o que reprimen protestas lo hacen con la tranquilidad de saber que buena parte de la sociedad mirará hacia otro lado. Empresas que explotan, discriminan o manipulan datos personales operan bajo la justificación de la “eficiencia” o el “progreso”. Grupos de poder que antes ocultaban sus excesos ahora los exhiben con la seguridad de que no habrá consecuencias. La indignación, que debería ser el motor moral de la vida pública, ha sido sustituida por la indiferencia o por un fatalismo que normaliza lo inaceptable.
Cada 10 de diciembre recordamos que sin derechos humanos no hay democracia posible. Hoy, su incumplimiento se ha vuelto habitual y su defensa, urgente. Es hora de reaccionar antes de normalizar lo inaceptable.
Bolivia no es una excepción. La crisis política prolongada, la degradación institucional y la polarización han erosionado la noción misma de derecho. Se vuelve aceptable que la justicia se use como arma; que la opinión disidente sea tratada como enemiga; que los ciudadanos deban mendigar garantías básicas; que los más vulnerables —mujeres, niños, migrantes, minorías— tengan que sobrevivir en un país donde la prioridad no siempre es protegerlos. Lo más grave no es el incumplimiento, sino la resignación: la idea de que “así es el sistema” y que no queda más que aguantar.
Por eso el lema del Día de los Derechos Humanos de este año, “Nuestros derechos, nuestro futuro, ¡ya!”, interpela directamente a nuestra realidad. Porque sin derechos no hay futuro posible. Un país puede sobrevivir a una crisis económica, a un ciclo político turbulento o a un cambio de modelo productivo. Pero ninguna sociedad resiste la erosión sistemática de sus derechos: cuando la dignidad deja de ser un valor común, lo que se derrumba no es un gobierno; es el contrato social.
La defensa de los derechos humanos no es tarea exclusiva de organismos internacionales ni de ONG especializadas. Es una responsabilidad cotidiana: de cada ciudadano que decide no callar ante un abuso; de cada periodista que verifica y denuncia; de cada autoridad que entiende que servir es diferente de someter; de cada juez que recuerda que su función es proteger, no complacer al poder; de cada familia que educa en el valor de la igualdad y la empatía.
Es momento de reaccionar. De exigir que la política vuelva a tener como centro la dignidad de las personas. De recordarle a los poderosos —a todos, sin excepción— que los derechos no se mendigan, se garantizan. Que el Estado existe para proteger a los ciudadanos y no al revés. Y que cualquier sociedad que acepte la vulneración de derechos como parte inevitable de la vida pública está renunciando a su condición democrática.
El 10 de diciembre no es solo una fecha en el calendario. Es una advertencia histórica y un llamado urgente. La Declaración Universal sigue viva, pero necesita una ciudadanía despierta, informada y valiente para que sus principios no se conviertan en piezas de museo. Defender los derechos humanos hoy es defender nuestro propio futuro. Y ese futuro empieza por no acostumbrarnos nunca al retroceso.
