Corrupción: un país sin segunda oportunidad

Cada 9 de diciembre, el mundo vuelve a recordar una verdad tan incómoda como evidente: la corrupción no es un fenómeno abstracto, sino una práctica cotidiana que erosiona democracias, empobrece sociedades y destruye la confianza en las instituciones.

Bolivia no es la excepción, obvio, pero conviene repasar algunos conceptos antes de rasgarnos las vestiduras y flagelarnos por demás: una cosa es la corrupción, que efectivamente mueve muchos millones de dólares en todo el mundo, y otra la “percepción de corrupción”, que es lo cerca que esto pasa de la gente común. En Bolivia es habitual la “coima” menor que trastorna al ciudadano en su día a día, mientras que en otros países se mueven gigantescas mordidas (ojo, también en Bolivia), sin que eso afecte demás en lo cotidiano.

Los datos globales son alarmantes: según Naciones Unidas, cada año se pagan cerca de un billón de dólares en sobornos y se desvían otros 2,6 billones mediante redes de corrupción. En conjunto, es el 5% del PIB mundial. El impacto es devastador en países como el nuestro, donde cada dólar que se pierde por corrupción es un dólar que no llega a la salud, la educación, la seguridad ciudadana o la infraestructura básica. Es decir: no se “pierde”, se le arrebata al ciudadano común.

Bolivia ha normalizado durante demasiado tiempo aquello que debería indignarnos. Desde los grandes casos de desfalco en empresas públicas hasta las pequeñas extorsiones diarias que cualquier ciudadano sufre al intentar resolver un trámite, la corrupción se ha vuelto un sistema operativo no escrito. Y un país que funciona sobre la base de la corrupción es un país que deja de funcionar para su gente.

Los datos globales son alarmantes: según Naciones Unidas, cada año se pagan cerca de un billón de dólares en sobornos y se desvían otros 2,6 billones mediante redes de corrupción

El nuevo ciclo político que se abre no puede repetir las rutinas del pasado. Fue su principal consigna de campaña, pero ya no hay espacio para discursos floridos ni para comisiones que nacen muertas. La ciudadanía exige hechos, no declaraciones. Y es aquí donde corresponde plantear medidas concretas y exigibles:

Primero, abrir por ley y sin excepciones toda la información sobre contrataciones públicas: pliegos, adjudicatarios, montos, cronogramas, auditorías y avances de obra en un portal único, verificable y de acceso inmediato. La opacidad siempre es un síntoma, nunca una solución.

Segundo, establecer sistemas de compras y licitaciones completamente digitales, trazables y automatizadas, que reduzcan la discrecionalidad política y limiten el margen para la manipulación burocrática.

Tercero, implementar declaraciones juradas de patrimonio verificables, públicas y sujetas a fiscalización ciudadana, acompañadas de un control serio del flujo de bienes y empresas vinculadas. No basta con “declarar”; hay que demostrar.

Cuarto, fortalecer las unidades de transparencia, convirtiéndolas en espacios técnicos y autónomos, no en oficinas decorativas sometidas al poder político de turno.

Y, finalmente, garantizar que la justicia tenga las condiciones para actuar sin presiones. Sin jueces independientes no habrá nunca lucha contra la corrupción, solo ajustes de cuentas o simulacros de moralidad.

Bolivia no puede permitirse otra década perdida. La corrupción no solo nos resta crecimiento; nos quita dignidad colectiva. Y, aunque pocos lo digan, este es un país que ya está cansado. Cansado de pagar dos veces por lo mismo. Cansado de que la ley se aplique según el apellido o la militancia. Cansado de que la indignación dure apenas un día y el olvido, todo un gobierno.

El 9 de diciembre no se celebra: se recuerda. Y este año, Bolivia debe recordar que no tendrá una segunda oportunidad. O tomamos en serio la transparencia como política de Estado, o seguiremos condenados a repetir el ciclo de deterioro institucional que nos trajo hasta aquí.

Los nuevos gobernantes tienen la palabra. Y el país entero, la memoria.