Una reforma sanitaria que ponga a las familias en el centro

Bolivia acumula años de diagnósticos repetidos y pocas soluciones de fondo en materia de salud. El Seguro Universal de Salud (SUS) está lejos de haber enfrentado el problema de la salud, pues ni siquiera modificó la visión de la misma como “mercancía”. Por lo general, las familias siguen asumiendo costos que no pueden pagar, recurriendo a préstamos, rifas, colectas o ventas urgentes para financiar una cirugía, un medicamento o un tratamiento prolongado. En un país donde la pobreza y la informalidad son altas, la salud sigue siendo un lujo. Y eso es inaceptable.

El nuevo gobierno llegó con el compromiso de estabilizar las cuentas públicas y modernizar el Estado. Si quiere demostrar que la política sirve para mejorar la vida real de la gente, no tiene mayor reto —ni mejor oportunidad— que una auténtica reforma sanitaria que garantice el acceso universal, reduzca drásticamente el gasto de bolsillo y repare un sistema donde lo privado ha terminado ocupando los vacíos de un Estado debilitado.

La sanidad pública boliviana arrastra fallas estructurales: falta de especialistas, infraestructura precaria, hospitales saturados o escasamente dotados de personal, medicamentos inexistentes o caros, y una administración fragmentada que frena cualquier mejora sostenida. Mientras tanto, el sector privado, ante la ausencia de un sistema sólido, se ha vuelto casi la única opción para quien necesita atención rápida… siempre y cuando pueda pagarla, y sin que eso realmente garantice una mejor atención sanitaria.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de impulsar un pacto nacional por la salud pública: financiamiento sostenible, personal digno y un sistema que proteja a las familias en lugar de empobrecerlas.

Hoy, más del 40% del gasto en salud en Bolivia sale directamente del bolsillo de las familias —una anomalía en comparación con países con sistemas robustos—. Y cada gasto imprevisto empuja a miles de hogares hacia la pobreza. La salud no puede seguir siendo un factor que empobrece.

Si queremos garantizar la sanidad pública para todos, Bolivia necesita un pacto social que implique corresponsabilidad, sinceramiento de costos y un modelo de financiamiento mixto que sea sostenible y justo. No se trata de elegir entre lo público y lo privado: se trata de que la columna vertebral sea pública, sólida y eficiente, y que lo privado complemente sin sustituir, sin aprovecharse de la desesperación de las familias.

Los países que lograron sistemas inclusivos —Costa Rica, Uruguay, España, Canadá— comparten tres pilares: financiamiento estable, gestión transparente y planificación a largo plazo. No hay atajos.

Los expertos recomiendan: Revisar el financiamiento y blindar el presupuesto sanitario; fortalecer la atención primaria; dignificar la carrera profesional, y justamente, mucha profesionalidad.

Es obvio que ee necesita un fondo estable, plurianual y con reglas claras que garantice medicamentos, equipamiento y personal sin depender del ciclo político; es necesario cambiar el enfoque para que se actúe de una forma preventiva – desde la alimentación al ejercicio sano – y no siempre atendiendo urgencias; es importante que haya médicos bien formados que se queden en el país – la fuga de talentos es un talón de Aquiles -, y es preciso hacerlo todo con criterios técnicos muy alejados de la política.

La salud es demasiado importante para dejarla prisionera de los ciclos políticos o de la lógica del mercado. Requiere un acuerdo nacional donde gobiernos, sector privado, sociedad civil y profesionales sanitarios asuman que invertir en salud pública no es un gasto: es la mejor política económica y social posible.

Bolivia necesita una reforma sanitaria de calado. No una más en el papel, sino una que permita que cualquier ciudadano, viva donde viva y gane lo que gane, pueda atenderse sin miedo a arruinarse. Un país que no garantiza la salud de su gente está condenado a la fragilidad. Uno que lo hace, gana horizonte.