Entre récords bancarios y urgencias sociales
Si el Gobierno opta por alinearse con la banca en lugar de con las familias y pequeñas empresas, estará reproduciendo el mismo modelo que ha profundizado la desigualdad y la precariedad en Bolivia
Los datos no dejan espacio para la ambigüedad: mientras el país atraviesa una crisis profunda —con familias asfixiadas, pequeñas empresas al borde del cierre y deudores desesperados por no perder su vivienda—, la banca boliviana registra utilidades y niveles de liquidez inéditos. A octubre de 2025, las entidades financieras acumulan ganancias récords en su historia y activos líquidos que representan cerca del 24% del PIB nacional, pero no están dispuestas a ceder siquiera a aplazar una parte de sus ganancias – nadie habla de condonación – para contribuir a que el verdadero motor del país, que son sus trabajadores y sus pequeñas empresas, puedan tomar impulso en un contexto al que no le alcanza el optimismo simulado, sino que requiere de medidas reales.
La suspensión de la Ley 1670 de Diferimiento de Créditos resulta inexplicable desde el interés público. Más aún cuando se trata de una norma aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada antes del cambio de gobierno, con reglamentación vigente. La decisión del Ministerio de Economía de mantenerla en pausa —a la espera de la decisión de un Tribunal Constitucional debilitado, con vacantes, vulnerable y con una legitimidad erosionada— prolonga una angustia que ya es insostenible para miles de familias y emprendedores.
No se trata de atentar contra la estabilidad financiera, como sugiere ASOBAN, sino de actuar con proporcionalidad y responsabilidad en un momento extraordinario. Los propios datos oficiales desmienten la narrativa del colapso: utilidades históricas, liquidez récord y una cartera de créditos que crece incluso por encima de la de 2024. Difícil hablar de riesgo cuando el sistema financiero exhibe cifras que otros sectores de la economía ni siquiera pueden imaginar y hay un gobierno aparentemente dispuesto a hacer lo que sea para reactivar la economía.
No se trata de atentar contra la estabilidad financiera, como sugiere ASOBAN, sino de actuar con proporcionalidad y responsabilidad en un momento extraordinario
Al análisis de posicionamientos se suma un elemento estructural que este país no puede seguir ignorando: la profunda dependencia de la banca respecto a los fondos de pensiones. Más de la mitad del ahorro de los trabajadores bolivianos depositados en la Gestora está invertido en bancos; es ese ahorro el que ha multiplicado casi por cuatro el patrimonio del sistema financiero en quince años. No puede ser que quienes se han capitalizado gracias al esfuerzo de millones de aportantes se nieguen a otorgar un simple alivio temporal de seis meses a los mismos trabajadores que sostienen sus balances.
La propuesta planteada por algunos analistas, aunque extrema, expone con claridad la incoherencia del modelo: si la banca rechaza el diferimiento incluso a costa de ejecutar viviendas sociales – es decir, arrancárselas a sus propietarios - , entonces debería explicar por qué tiene derecho a utilizar los fondos de pensiones durante épocas de bonanza pero no a compartir mínimos riesgos en tiempos de crisis. Ese doble estándar ya no es aceptable en una sociedad que exige transparencia, equidad y responsabilidad.
El nuevo Gobierno ha hecho campaña prometiendo aliviar la carga de los deudores y reactivar la economía real. Cumplir con sus compromisos significa implementar la Ley 1670 sin más dilaciones, proteger a los sectores más vulnerables y evitar que decisiones judiciales —tomadas por un Tribunal Constitucional incompleto y recién renovado— se conviertan en un muro contra el mandato democrático.
Esta no es una disputa técnica. Es una decisión política y ética: si el Gobierno opta por alinearse con la banca en lugar de con las familias y pequeñas empresas, estará reproduciendo el mismo modelo que ha profundizado la desigualdad y la precariedad en Bolivia. Por el contrario, si prioriza el interés público y actúa con responsabilidad fiscal y social, podrá iniciar un ciclo distinto, más equilibrado y más justo.
El país no puede seguir esperando. Las cifras hablan por sí solas; ahora le toca hablar al Gobierno, con la coherencia que exige la realidad y los compromisos de campaña. Solo así podrá reconstruirse la confianza y evitar que la crisis termine sepultando a quienes menos margen tienen para sostenerla.
