El pacto fiscal y el salto al vacío
El país necesita un acuerdo fiscal que mire la realidad territorial y no solo los números del censo
La discusión sobre el Pacto Fiscal ha vuelto al centro del debate nacional, esta vez bajo el impulso del presidente Rodrigo Paz Pereira, que desde la campaña propone un reparto 50/50 entre el nivel central y los gobiernos subnacionales. Sin embargo, más allá del titular atractivo, el planteamiento llega incompleto: no está claro 50 por ciento de qué, ni para qué competencias, ni con qué mecanismos de evaluación. Sin esos elementos, el país corre el riesgo de convertir una reforma estratégica en un mero acto simbólico, o peor, en una redistribución improvisada que agrave las desigualdades territoriales en lugar de corregirlas.
Bolivia tiene una geografía difícil y una demografía profundamente desigual. Las regiones fronterizas, dispersas o con baja densidad —como Tarija, el Chaco, el altiplano sur o grandes áreas amazónicas— enfrentan desafíos distintos a los de las metrópolis del eje central. Infraestructura más costosa, servicios más difíciles de prestar, territorios más amplios que cubrir y, además, una migración permanente que reduce las cifras poblacionales con las que suelen calcularse las transferencias, pero también la cualidad de los estantes: se van normalmente los más capacitados. Si el nuevo pacto fiscal se limita a repartir recursos por población, estas regiones están condenadas a perder siempre.
Un pacto fiscal serio no puede limitarse a repartir por población. Bolivia requiere criterios que compensen la dispersión, la frontera y el aislamiento, para que regiones como Tarija no sigan perdiendo por partida doble: menos recursos y más responsabilidades. Sólo un acuerdo con brújula —técnico, justo y orientado al desarrollo— puede equilibrar verdaderamente al país.
La autonomía no consiste solo en exigir más recursos, sino en garantizar que estos respondan a realidades concretas. Por eso urge construir criterios objetivos y equilibrados que incorporen variables como dispersión, frontera, vulnerabilidad, aporte productivo, aislamiento y costos diferenciales de provisión de servicios. Ningún pacto serio del siglo XXI puede ignorar que administrar salud, seguridad, educación o infraestructura cuesta más en regiones despobladas que en ciudades densas y compactas.
Lo que exige hoy el país no es un número arbitrario, sino un acuerdo técnico y político que reconozca que no todos los territorios parten del mismo punto. El pacto fiscal debe ser un mecanismo de cohesión, no un castigo para quienes ya sufren la fuga de población y el abandono estatal. Tarija es un caso emblemático: una región estratégica, productora, fronteriza y con un territorio vasto, cuya población decreciente no puede seguir siendo la única vara con la que se mida su necesidad.
También es urgente debatir para qué serán esos recursos. Si serán para asumir nuevas competencias, estas deben venir con reglas claras, plazos, metas verificables y sistemas de control que eviten la dispersión o la duplicación institucional. Un pacto fiscal sin un diseño de competencias es apenas una transferencia coyuntural. Con diseño, en cambio, puede convertirse en un motor real de desarrollo territorial.
El Gobierno, los departamentos y los municipios tienen la oportunidad de corregir una deuda histórica: diseñar un modelo fiscal que mire el país como realmente es, no como aparece en un cuadro estadístico. Una Bolivia moderna necesita un pacto que equilibre eficiencia con solidaridad, que premie la buena gestión y que compense las desventajas estructurales que arrastran nuestras regiones más alejadas.
Si el pacto fiscal va a redefinir el país, debe hacerlo con brújula. Un 50/50 sin contenido solo garantiza un nuevo motivo de disputa; en cambio, un acuerdo basado en justicia territorial y en criterios técnicos puede ser el cimiento de un Estado más equilibrado y sostenible. Ese debería ser el camino.
