El fin de la autoprórroga
Acabar con la anomalía del TCP y el TSJ abre una oportunidad para recomponer la institucionalidad, siempre que se tomen medidas para que nunca más vuelva a ocurrir.
La salida, por fin, de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional marca un quiebre necesario en la vida institucional del país. Tras dos años de resistencia, maniobras jurídicas y decisiones tomadas al margen de cualquier control democrático, el episodio concluye con un sabor agridulce: se recupera una parte del orden constitucional, pero también queda claro cuánto daño puede causar el vacío político cuando se tolera que una autoridad decida extender su mandato sin legitimidad de origen.
La presión ciudadana, política y social terminó inclinando la balanza. Y aunque el cierre de este ciclo debería celebrarse, también debe preocupar la forma en que los magistrados se aseguran una especie de blindaje póstumo al declarar la validez de todas sus resoluciones durante el periodo de autoprorroga. Un candado jurídico sin contrapeso político, una jugada que muestra el nivel de distorsión institucional al que se llegó. Si el Tribunal puede decidir sobre sí mismo, ¿qué queda del principio básico de separación de poderes?
La salida de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional es un avance necesario, pero insuficiente: Bolivia debe blindar su sistema judicial con reglas que impidan que una autoridad decida extender su mandato por sí misma y sin legitimidad democrática.
El retorno al orden no puede quedarse en un gesto simbólico. La legitimidad de la justicia constitucional —que debería ser el último escudo del Estado de Derecho— está gravemente erosionada. Por eso es indispensable que este capítulo provoque reformas de fondo: reglas claras, plazos inamovibles, mecanismos inmediatos de reemplazo y la obligación legal de que una autoridad cese funciones cuando su mandato concluye, aun si la política no ha hecho su tarea.
Bolivia no puede volver a permitir que la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa derive en un “permiso tácito” para que las altas autoridades continúen gobernando sin legitimidad democrática. El país necesita un sistema que impida cualquier nueva interpretación creativa de la Constitución y que garantice que ningún tribunal —por muy alto que sea— pueda convertirse en juez y parte de su propia permanencia.
La salida de los autoprorrogados no es, por sí sola, el triunfo de la institucionalidad. Pero sí es una ventana de oportunidad. Un recordatorio de que las instituciones pueden enderezarse cuando la sociedad y la política empujan en la misma dirección. Y un llamado urgente a sancionar normas que cierren definitivamente la puerta a cualquier intento de repetir semejante atropello.
Si Bolivia quiere reconstruir la confianza perdida, debe empezar por aquí: por garantizar que la justicia constitucional nunca más dependa del capricho de quienes la administran, sino del mandato claro de la ley y del pueblo que la sostiene.
