Las Grandes Fortunas y las zanahorias
El Gobierno de Rodrigo Paz apuesta por repatriar los dólares de los exportadores con diferentes incentivos, como levantar impuestos y trabas a los empresarios sin tocar la subvención
En estos tiempos de espectacularización de la política, las dinámicas suelen acabar devorando las intenciones. La necesidad de mantener el prime-time obliga a multiplicar anuncios y momentos virales que, cuando no cumplen con la expectativa, acaban devorando al personaje.
En la crisis de 1986 el gobierno de Víctor Paz Estensoro tardó algo más de tres semanas en promulgar su decreto 21060, no hubo anuncios previos, solo una batería de medidas basadas en una teoría económica concreta que imponía varios cambios de fondo – entre ellos la liquidación obligatoria de las divisas de exportación – y que dio resultados ante la hiperinflación galopante, aunque generó otras grietas sociales, como la deslocalización minera y ciertas ideas de capitalización/privatización que también tuvieron consecuencias unos años después.
En los últimos meses se ha recuperado en los círculos políticos ahora dominantes el 21060 como modelo a seguir, no tanto por su contenido, que no solo está vigente sino superado, sino por su condición rupturista. En resumen, los sectores económicos dominantes – que por cierto fueron muy bien tratados por el MAS en todas sus fórmulas - le exigen al nuevo Gobierno un decreto que reforme íntegramente el Estado y “modernice” la economía, que esencialmente responde a sus intereses.
Que solo 250 personas en todo el país declaren tener un patrimonio neto (se descuentan deudas) de más de 30 millones de bolivianos es de por sí revelador
Anunciar una conferencia de prensa para anunciar medidas de estabilización de la economía y acabar derogando cuatro impuestos – el de las Grandes Fortunas, el Impuesto a las Transacciones Financieras, el del Juego y el de las Promociones Empresariales – son básicamente un anuncio que revela intenciones, sin entrar al meollo de la cuestión, pues apenas afectará, exagerando, al 1% de la población.
De entre todos, el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) es el que más impacto tiene por lo político, no por lo económico, pues apenas 250 personas pagaban esta alícuota de 1,4% (con descuento de 150.000 bolivianos) para fortunas (bienes inmuebles, bienes muebles, joyas, activos financieros y otros) de más de 30 millones de bolivianos y que ha recaudado poco más de cien millones de dólares en cuatro años.
Que solo 250 personas en todo el país declaren tener un patrimonio neto (se descuentan deudas) de más de 30 millones de bolivianos es de por sí revelador. El IGF fue la única propuesta de campaña de Luis Arce en 2021 y le bastó con ello para ganar. No era algo innovador, menos después de 14 años de gobierno socialista, pues en muchos países del entorno – Uruguay, Argentina, y media Europa – se aplicaba y hasta círculos de verdaderos multimillonarios, como Warren Buffet, pedían a gritos elevar la presión fiscal sobre los superricos para corregir desigualdades. En cualquier caso, a Arce y sus funcionarios nunca les preocupó demasiado verificar esa “base de tributación”.
Es probable que a muchos de los empresarios que bordeaban el límite les hubiera costado menos pagar el impuesto que armar las estructuras y entramados societarios para sacar las fortunas del país, mientras que a otros seguramente les incentivó la posibilidad de invertir en nuevos negocios. Como fuera, Arce colocó un impuesto para quedar bien en sus círculos de asesores internacionales sin cuidar el riesgo de evasión que, al final, se acabó pagando caro.
El Gobierno de Rodrigo Paz tiene claro que el camino para recuperar la estabilidad económica es incentivar el retorno de los recursos de los grandes exportadores, que desde hace años se vienen quedando en el extranjero. Levantar el IGF y otros está sin duda en la línea de la zanahoria. Veremos si es suficiente antes de sacar el palo o recurrir al FMI, que sin duda, tiene muchos más palos que zanahorias.
