25 de noviembre: la urgencia que Bolivia aún no asume
La lucha contra la violencia de género no se gana solo con más presupuesto, sino con instituciones que funcionen, operadores que cumplan su deber y autoridades que entiendan que la desidia también mata
En Bolivia, cada 25 de noviembre vuelve a surgir una verdad incómoda: la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de nuestros grandes fracasos como sociedad. No es un problema marginal ni coyuntural; es una epidemia que atraviesa clases sociales, regiones y edades, y que se sostiene en un tejido institucional débil, lento y en demasiados casos indiferente. Las cifras de feminicidios, agresiones y desapariciones hablan solas, y hablan fuerte. Lo que no habla —o lo hace apenas en murmullos— es la respuesta del Estado en su conjunto.
Durante años, las autoridades nacionales, departamentales y municipales han insistido en que la falta de presupuesto es la principal traba. Pero esa explicación, aun siendo parcialmente cierta, no alcanza. No explica por qué hay SLIMs cerrados por fines de semana, por qué muchas fiscalías especializadas responden con lentitud exasperante, o por qué los juzgados siguen siendo más celosos del trámite que de la protección. No justifica, tampoco, que tantas denuncias terminen archivadas por cansancio de las víctimas, ni que las medidas de protección se firmen tarde, mal o nunca.
Bolivia llega al 25 de noviembre sin haber roto el ciclo de violencia que mata, hiere y empobrece a miles de mujeres cada año
La violencia de género no se combate con discursos en actos protocolarios, sino con un sistema que funcione de forma cotidiana, sin depender del heroísmo aislado de algunas funcionarias y policías comprometidas. Exige operadores capacitados, mecanismos de control real, sanciones a quienes omiten su deber y, sobre todo, voluntad política para que la ley sea más que un documento enmarcado. La desidia es también una forma de violencia: una que se ejerce desde el Estado cuando el aparato no actúa o lo hace con negligencia.
Cada feminicidio en Bolivia es el extremo de un proceso largo y doloroso. Antes del crimen hubo señales, hubo pedidos de ayuda, hubo oportunidades de intervenir. Y demasiadas veces, esas oportunidades se desperdiciaron. No por falta de normativa —tenemos una de las leyes más avanzadas de la región—, sino por la incapacidad de implementarla con rigor y continuidad. La prevención no es un acto simbólico ni una campaña efímera: es un entramado que debe sostenerse todos los días.
Hoy, 25 de noviembre, no basta con recordar a las víctimas ni con prometer nuevamente lo que ya se ha prometido tantas veces. Es necesario revisar a fondo la responsabilidad institucional de cada nivel del Estado. Exigir resultados, medir desempeño, corregir fallas, cerrar espacios donde la ineptitud se normaliza. El país ya no puede permitirse operadores indiferentes ni autoridades que se refugian en excusas.
La violencia de género sigue siendo un desafío colosal, pero no insoluble. Bolivia ha demostrado que puede transformar realidades cuando se impone metas colectivas. Para lograrlo aquí, necesitamos menos actos y más acción, menos culpa difusa y más responsabilidad concreta. Porque la vida de miles de mujeres depende, literalmente, de que las instituciones hagan por fin lo que les corresponde.
