Autonomía: derechos, deberes y el desafío de ejercerla
El compromiso del Gobierno de Rodrigo Paz abre una oportunidad inédita: una redistribución más justa, acompañada de una redefinición de responsabilidades
La propuesta del Gobierno de repartir los recursos públicos en una proporción del 50% para el nivel central y 50% para los departamentos – aunque esto también está por precisar - ha vuelto a poner la autonomía en el centro del debate nacional. El anuncio tiene potencia simbólica —como gesto político— y relevancia estructural —como intento de equilibrar el poder territorial—. Pero también exige claridad sobre lo que significa realmente la autonomía: no solo acceder a más recursos, sino asumir competencias con responsabilidad, rigor técnico y madurez institucional. Autonomía es un derecho, sí, pero también un deber, y en Tarija el ejemplo de la Autonomía Regional, por ejemplo, no es el más reconfortante.
Bolivia tiene una larga historia de demandas autonómicas. En muchos casos, esas demandas surgieron de regiones que se sentían relegadas de las decisiones estratégicas y del reparto del excedente nacional. Pero una vez conquistada la autonomía, no siempre hubo correspondencia entre el discurso y la gestión. Departamentos, municipios e incluso regiones autónomas han demostrado, con frecuencia, que sin capacidades instaladas, sin planificación y sin una administración profesionalizada, la autonomía se convierte en un cascarón vacío. De poco sirve tener atribuciones si no se ejercen; de poco sirve recibir recursos si no se los transforma en desarrollo.
La autonomía boliviana ha estado marcada por la tensión entre aspiración y práctica
El compromiso del Gobierno de Rodrigo Paz abre una oportunidad inédita: una redistribución más justa, acompañada de una redefinición de responsabilidades. Pero esa oportunidad exige que los departamentos salgan del cómodo reclamo permanente y entren en la construcción de soluciones. La descentralización no puede significar solo más dinero: debe significar mejores políticas. Y eso implica fortalecer servicios de salud, modernizar sistemas educativos, desarrollar infraestructuras productivas y ambientales, y planificar el territorio con visión a largo plazo.
Si las gobernaciones quieren gestionar la mitad de los recursos nacionales, deben demostrar que pueden hacerlo. Necesitan equipos técnicos sólidos, mecanismos de control internos y externos, transparencia activa y una cultura de rendición de cuentas que, hasta ahora, ha sido la excepción y no la regla. La autonomía es compatible con la diversidad territorial del país, pero incompatible con la improvisación, el despilfarro o la captura política de instituciones que deberían servir al ciudadano, no a los gobiernos de turno.
También el Gobierno central tendrá un rol decisivo: la corresponsabilidad. Un país que avanza hacia un modelo más equilibrado requiere reglas claras, coordinación permanente, y un sistema de competencias que no sea una telaraña jurídica, sino una arquitectura funcional. Repartir recursos solo es el primer paso; compartir poder, funciones y obligaciones es el verdadero núcleo de la autonomía. Y hacerlo sin sabotajes institucionales, sin recentralización de facto y sin competir por protagonismos será una prueba de madurez política.
La autonomía boliviana ha estado marcada por la tensión entre aspiración y práctica. Hoy, con un nuevo Gobierno y una legislatura recién iniciada, existe la posibilidad de dar el salto cualitativo: dejar atrás el discurso y construir un sistema territorial que funcione. Pero ese salto exige valentía política, eficiencia administrativa y una convicción profunda de que el desarrollo no se impone desde La Paz ni se improvisa en los territorios: se construye con corresponsabilidad.
Si el país quiere una autonomía verdadera —no solo proclamada, sino vivida— deberá entender que recibir más implica hacer más. Ejercer más. Responder más. La nueva etapa está en marcha, y con ella la oportunidad de que la autonomía deje de ser una promesa y se convierta, finalmente, en un proyecto de Estado.
