La oportunidad de hacer política social en serio

La política social del nuevo Gobierno debe abandonar el asistencialismo sin rumbo y construir un sistema basado en criterios objetivos, igualdad de oportunidades y resultados medibles

Bolivia inicia un nuevo ciclo político con una demanda evidente: que la política social deje de ser el refugio del clientelismo y se convierta, por fin, en verdadero motor de movilidad social. El presidente Rodrigo Paz ha recibido un país donde la pobreza persiste, la desigualdad se sostiene y las brechas territoriales siguen marcando quién puede prosperar y quién queda atrás, sin que además haya mecanismos objetivos para medirlo. Paz también recibe una oportunidad histórica: rediseñar el Estado social sobre bases modernas, transparentes y orientadas al desarrollo.

El primer paso es abandonar la lógica del “para todos por igual”, que en la práctica termina beneficiando a los que menos lo necesitan y desfinanciando al país. La política social eficaz comienza con algo muy sencillo: criterios objetivos. Quién califica, por qué, durante cuánto tiempo y con qué metas. No es un capricho tecnocrático: es la única manera de que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los requieren y no se diluyan en redes políticas, chantajes sectoriales o programas improvisados. Un país pobre no puede permitirse políticas sociales opacas.

El presidente Rodrigo Paz ha recibido un país donde la pobreza persiste, la desigualdad se sostiene y las brechas territoriales siguen marcando quién puede prosperar y quién queda atrás

El segundo pilar debe ser la igualdad de oportunidades. Y aquí Bolivia tiene una deuda enorme. El lugar de nacimiento, el apellido, la región o el acceso —o no acceso— a educación temprana determinan trayectorias vitales con una brutalidad que ya no podemos ignorar. No se trata solo de bonos; se trata de crear condiciones para que los niños lleguen a la escuela en igualdad, para que las madres puedan trabajar sin cargar solas con el cuidado, para que los jóvenes encuentren formación de calidad y no solo discursos motivacionales. La política social moderna actúa antes de que la exclusión ocurra, no después.

El tercer principio es el más exigente: medir resultados. Bolivia ha gastado miles de millones de bolivianos en programas cuya eficacia nadie evalúa seriamente. Y así, lo que nació como un impulso temporal se convierte en obligación fiscal permanente. Una política social responsable debe tener metas claras —reducción de pobreza infantil, más acceso a educación técnica, mejores indicadores nutricionales— y un calendario: si funciona, se amplía; si no, se corrige o se descarta. El Estado no puede transformarse en un buzón de promesas sin fecha de caducidad.

Esto implica diseñar proyectos ambiciosos, sí, pero no eternos. Proyectos que acompañen a las familias en momentos críticos —los primeros años de vida, las transiciones educativas, el acceso al primer empleo— y que, una vez alcanzadas las metas, den paso a nuevas intervenciones. La política social no debe convertirse en un sistema de dependencias, sino en una escalera para salir adelante. Y para ello, la transparencia y la profesionalización son tan importantes como el presupuesto.

El presidente Rodrigo Paz tendrá que enfrentar resistencias: de grupos que prefieren programas permanentes aunque no funcionen, de actores que ven la política social como herramienta electoral y de voces que confunden rigurosidad con insensibilidad. Pero Bolivia necesita madurez. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. No se trata de multiplicar bonos, sino de multiplicar oportunidades reales.

El nuevo Gobierno tiene la posibilidad de marcar un punto de inflexión. Una política social seria no solo alivia el presente: construye un país que no dependa de milagros económicos ni de líderes carismáticos, sino de la fortaleza de su gente. Es el momento de intentarlo. Rodrigo Paz tiene la legitimidad y el mandato para hacerlo. Y no habrá mejor legado que demostrar que Bolivia puede, por fin, hacer política social en serio.


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