La reforma de la Justicia y su Ministerio
El control político civil de las instituciones del Estado es imprescindible; romper las lógicas de la corrupción también
La justicia en Bolivia enfrenta una crisis de legitimidad terminal que no se va a solucionar con actos de Fe ni consignas auto motivacionales. El sistema, carcomido por el accionar interesado, la mora procesal y la corrupción endémica de sus jerarcas, pero también de sus operadores y funcionarios de bajo rango, ha dejado de ser un pilar del Estado de Derecho para convertirse en un factor de inestabilidad y desconfianza ciudadana. En ese contexto, la solución no puede venir de las mismas estructuras que generaron el problema, sino que debe ser el nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira a través de su Ministerio de Justicia y apoyado en la Asamblea Legislativa quien asuma el rol de piloto y articulador de una reforma integral. Dejarla en manos de los jueces sería, a todos los efectos, un craso error.
La primera y más sólida razón para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, dirija la reforma radica en un principio innegociable de la democracia liberal: el control civil sobre las instituciones fundamentales del Estado. Al igual que la gestión administrativa y presupuestaria de las Fuerzas Armadas está bajo la supervisión de un Ministro de Defensa civil, y la dirección de la Policía Boliviana recae en el Ministerio de Gobierno, el sistema de justicia requiere una contraparte civil que garantice su sujeción al poder democrático y el nuevo gobierno se ha ganado el derecho a intentarlo.
La justicia boliviana necesita un liderazgo que esté libre de los vicios y los intereses corporativos que la han asfixiado
Obviamente el Ministerio de Justicia no debe buscar intervenir en la función jurisdiccional (el fallo del juez), lo cual es competencia exclusiva del Órgano Judicial autónomo. Su misión es la gestión, planificación y política pública del sector justicia: administrar el presupuesto, impulsar la legislación de acceso, garantizar la infraestructura penitenciaria y liderar la lucha contra la corrupción administrativa. Dejar estas funciones únicamente en manos de los propios magistrados y jueces es permitir que el sistema se autorregule, lo cual ha demostrado ser un fracaso rotundo en la historia reciente de Bolivia, cuando de hecho el Ministerio se ha convertido en una parte más dentro de ese entramado más enfocado en la administración de sentencias que de Justicia.
En una democracia, debe existir una figura a la que la ciudadanía pueda exigir cuentas por el estado de los servicios públicos esenciales. En los últimos años, el Ministerio ha sido un operador más y por ende, nunca ha protegido los intereses de la ciudadanía frente los desmandes de jueces y fiscales, sino todo lo contrario.
Por otro lado, el Ministro de Justicia, como parte del Órgano Ejecutivo, es la única figura con responsabilidad política directa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y la sociedad. Es el rostro político que debe responder por la eficacia y la transparencia del sistema y quien debe pedir ayuda a la Asamblea para mejorarlo. El Órgano Judicial, en su autonomía, carece de esta obligación de rendición de cuentas políticas, limitándose a la jurisdicción. Si un servicio esencial para la sociedad colapsa (como la justicia), la máxima autoridad del Ejecutivo debe ser la figura interpelada y fiscalizada, algo imposible si el Ministerio es marginado del proceso. Los jueces no pueden ni deben entrar en esa pelea política.
Además, el Órgano Judicial, por su naturaleza, debe estar centrado en la resolución de casos individuales (jurisdicción), no en el diseño y la implementación de grandes políticas de Estado. Para que Bolivia supere la crisis de justicia, se requieren reformas estructurales profundas: nuevas leyes de acceso a la justicia para sectores vulnerables, la modernización de los códigos procesales, la digitalización de expedientes y la reorganización de los servicios de defensa pública. Estas son tareas de política pública y gestión estatal que solo pueden ser pilotadas eficazmente desde un espacio con visión de Estado, poder de convocatoria y capacidad de impulsar legislación: el Ministerio de Justicia. Que “todo haya estado mal” no es excusa para intentar hacer las cosas bien, y mucho menos, para entregar el control político a los mismos jueces que han corrompido el sistema.
La justicia boliviana necesita un liderazgo que esté libre de los vicios y los intereses corporativos que la han asfixiado. Es urgente una reforma de fondo y de forma, pero en todos los casos debe ser pilotada desde la sociedad civil. Los bolivianos les han dado esa tarea a Rodrigo Paz y Edmand Lara y desde luego, las primeras señales no son buenas. Es necesario actuar rápido y contundentemente. Quizá no hace falta cambiar tanto: solo garantizar que los corruptos no se saldrán con la suya.
